En la primera vista oral del
juicio seguido contra las tres juntas militares argentinas, los abogados de la
defensa han intentado demostrar dos cosas: que en Argentina existió un estado
de guerra no declarado entre los movimientos guerrilleros y las instituciones
de la nación, y que el Gobierno constitucional peronista ordenó en 1975 a sus
fuerzas armadas combatir al terrorismo "hasta su aniquilamento
final", dando al término aniquilamiento su más fúnebre acepción. Rodeada
por cuatro controles policiales, la Cámara Federal comenzó las sesiones a las
tres de la tarde del lunes para interrogar a los testigos. Entre el público se
hallaban el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Hebé de Bonafini, presidenta
de las Madres de la Plaza de Mayo.
Hebé de Bonafini entró en la
sala con su pañuelo blanco en la cabeza, símbolo de las madres que reclaman por
sus hijos desaparecidos. El presidente de la Cámara León Arslanian, le ordenó
destocarse, al está prohibido en la sala el uso de cualquier distintivo.Los
nueve triunviros acusados haciendo uso de su derecho, no comparecieron a la
audiencia, siendo representados por sus letrados. Esta circunstancia, así como
el hecho de que el fiscal y los abogados defensores presenten previamente sus
preguntas al presidente de la sala, que es quien las formula -la fiscalía y las
defensas pueden, no obstante, repreguntar-, resta contenido teatral y
carpintería dramática a la vista oral.
Énfasis procesales
La justicia argentina, salvo
excepciones como la presente, no es proclive a los juicios orales y públicos y
prefiere poner énfasis en las prácticas procesales celebradas entre las partes
en la intimidad del despacho del juez. Entre el público asistente se encontraba
José María Mohedano. La Cámara federal rechazó, por considerar que existen
pruebas de su culpabilidad, la petición para la excarcelación de Videla y Viola
formulada por sus defensores. Citados por las defensas comparecieron como
testigos Ítalo Argentino Lúder, que como presidente del Senado en 1975 ocupó
provisionalmente la presidencia de la República durante una breve enfermedad
nerviosa de Isabelita Perón, y los ex ministros peronistas de aquel Gobierno,
Cacciero, Rocamora, Ruckauf, Benítez y Gómez Morales.Al ser formuladas las
preguntas de una y otra parte por el presidente de la Cámara, éstas adquieren
un tono neutro que priva los interrogatorios de causticidad verbal sólo posible
en las repreguntas. Pero quedó en negro sobre blanco la intención de los
abogados de fensores de arrojar sobre el último Gobierno peronista la
responsabilidad de las atrocidadas en la lucha contrainsurgente.
En efecto, Ítalo Argentino
Lúder, como presidente provisional de la República, firmó en 1975 un decreto
encargando a las fuerzas armadas el aniquilamiento de la subversión ante el auge de las
guerrillas rurales del trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo en la
provincia norteña y subtropical de Tucumán. El primer escalón de defensa de las
juntas pretende establecer que los militares argentinos entendieron el verbo
aniquilar en su sentido más lato, con lo que no dejan de reconocer
indirectamente que sus defendidos patrocinaron el exterminio de personas.
Ítalo Argentino Lúder,
candidato derrotado del peronismo frente a Alfonsín y ya cadáver político tras
este juicio, explicó, con su habla regular, moderada y ordenada, que cuando el
Gobierno constitucional de un Estado de derecho ordena a sus instituciones
aniquilar un brote subversivo para restaurar la paz pública, lo hace siempre
dentro de las normas jurídicas vigentes,y que en modo alguno puede ordenar, aun
queriendo hacerlo -y menos públicamente-, el secuestro, la tortura y el
asesinato.
Organizador de matanzas
Se insistió, no obstante, en
la pregunta para fijar en las mentes de todos aquel decreto de redacción
desafortunada, como en las próximas sesiones se insistirá en la existencia de
un ministro peronista como José López Rega, que desde el Ministerio de Bienestar
Social (!) organizaba la matanza de izquierdistas por cuenta de la Alianza
Anticomunista Argentina, la llamada Triple A. El resto de los ex ministros y el
propio Lúder fueron interrogados sobre lo que parece ser el segundo escalón
básico defensivo: la existencia o no de un virtual estado de guerra en
Argentina en la mitad de la década de los años setenta.Es una línea de defensa
no menos grosera que la anterior y que encuentra sus mejores exponentes en el
general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, y en el contralmirante
Mayorzga, defensor del contralmirante Chamorro, ex jefe de la terrorífica
Escuela de Mecánica de la Armada, eje de los centros de tortura del país. Ramón
Camps y Chamorro se encuentran enjuiciados por el poder ejecutivo en otra
causa.
Para el general Ramón Camps,
el error de las juntas consistió en no haber declarado el estado de guerra
interno, fusilando tras consejos de guerra sumarísimos.
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