Un juez federal de La Plata (capital bonaerense) ha prohibido la
salida del país de los tres integrantes de la primera Junta Militar argentina,
que derrocó a Isabel Perón en 1976: teniente general Jorge Rafael Videla (ex
presidente de la República), brigadier del Ejército del Aire Orlando Agosti y
almirante Massera (en prisión preventiva).La prohibición se extiende a los
generales Harguindeguy, ex ministro del Interior con Videla; Ramón Camps, ex
jefe de policía de Buenos Aires, y Suárez Mason, ex comandante del primer
cuerpo de Ejército.
La nueva lista
obedece a las investigaciones judiciales sobre la desaparición en 1976 de un
ciudadano tras ser secuestrado. Tanto estas medidas judiciales como la
aparatosa orden de busca y captura del último presidente militar, Reynaldo
Bignone (nunca ha abandonado su domicilio), nada tiene que ver con la decisión
del Gobierno de exigir responsabilidades a los militares que ordenaron la
represión indiscriminada o a los que se excedieron sádicamente por su cuenta.
Lo que se está produciendo
en la Argentina democrática es una carrera entre jueces nombrados por el
régimen anterior para ver quién es más demócrata y quién ocupa más espacio en
las primeras páginas de los periódicos. Pero la fragmentación de las
responsabilidades y los juicios caso por caso pueden acabar creando tal
sensación de alarmismo en las fuerzas armadas que las obligue a reaccionar de
alguna manera en defensa propia.
Lo que ha
prometido el Gobierno son dos tipos de procesos: por arriba, a las tres
primeras juntas militares, y por abajo, a aquellos militares distinguidos por
su vesania. Las tres juntas citadas ya se encuentran bajo proceso ante la
suprema corte marcial, una vez derogada la ley de
autoamnistía. Aprobada
ya por la Cámara de los Diputados la ley que hace apelables ante la
jurisdicción ordinaria las sentencias castrenses, salta a la sanción del
Senado.
Posteriormente,
habrá que recomponer la formación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Luego vendrán los juicios y las posibles apelaciones del fiscal de la nación y
de los particulares.
Es un trabajo de
marquetería política y militar que sólo puede hacerse con tiempo y mucho
cuidado. Pero los juicios se verán. Pero lo que no se verá es a cientos o a
incluso miles de jefes y oficiales atados a la picota de la justicia en la
mitad de la Plaza de Mayo.
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