Las mañanas en el Palacio de los Tribunales de Buenos Aires están
convirtiéndose en un espectáculo patético. Los militares, vestidos de civil
impasibles, rodeados de guaridaespaldas, van llegando a partir de las diez de
la mañana en sus automóviles Falcon (un símbolo de la muerte en Argentina), con
potentes radiotransmisores en el tablero y con otros automóviles de escolta a
sus espaldas. La policía federal se ve impotente para contener a las gentes que
esperan con pancartas la llegada de los presuntos responsables de la
desaparición de sus hijos, sus hermanos, sus novios, sus padres.
Suben
impertérritos las escaleras del palacio entre el acoso de los periodistas y el
griterío desgarrado de "¡Asesino, asesino!" de las gentes que
intentan trepatras ellos para agredirlos.Ayer fue el coronel retirado Roberto
Roaldes quien se vió en dificultades para abandonar el Palacio de Justicia; la
policía y su custodia intentaron frenar a los periodistas y en la confusión de
la acera, entre caídas y carreras a los gritos de "¡Mátenlo, mátenlo!",
finalmente una mujer logró golpearle en la cabeza con un periódico enrollado,
que debía envolver algún objeto contundente por cuanto el coronel se cubrió
dolorido la cabeza con las manos antes de ser brutalmente introducido en su
coche por los responsables de su protección.
Para hoy se
espera que las tres vacantes del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo
órgano de la justicia militar hayan sido cubiertas por sorteo y que en breve la
suprema corte marcial pueda comenzar formalmente el proceso contra las tres
primeras juntas militares. Por otra parte, se estima que en la próxima semana
el Senado ratificará la ley, ya aprobada por el Congreso, que hará recurribles
las sentencias ante una cámara federal.
Si el Senado
rechazara el proyecto de ley, éste volvería al Congreso y sólo podría ser
sancionado por los dos tercios de la cámara, algo inalcanzable para los
radicales. Pero aunque los senadores peronistas se opusieran a su aprobación,
Alfonsín cuenta ya con apoyos para sacar adelante su propuesta.
La vindicación de
los familiares de los desaparecidos se exaspera. Saben que, en breve, todas
estas comparecencias individuales ante los jueces ordinarios terminarán y se
abrirá un solo proceso ante la justicia castrense -apelable ante la civil- contra
las cúpulas militares y contra los casos excepcionales de vesanía.
Y no ignoran que
todo acabará, si finalmente se producen sentencias ejemplares contra los
responsables por arriba y por abajo, con una ley de amnistía sancionada por las
cámaras que evite la práctica disolución de las fuerzas armadas argentinas.
En cualquier
caso, los radicales están llevando a cabo lo que prometieron, y la realidad es
que entrar judicialmente a saco en los cuarteles argentinos es un desmayo de la
razón: hicieron un pacto de sangre" y se fueron rotando en las torturas y
en las ejecuciones. Una exactajusticia terminaría desmochando hasta a la
policía federal. Por lo demás, las empresas de utillaje militar, hasta ahora
propiedad de las tres ramas, han pasado a ser propiedad del Estado y muchas
serán rápidamente privatizadas, y el ministro de Defensa, Raúl Borrás ha
anunciado que la próxima quinta será reducida en un 15% y que el servicio
militar obligatorio para los ciudadanos con 18 años cumplidos se rebajará
drásticamente a un período entre 90 y 120 días.
El próximo
jueves, además, el presidente Alfonsín, a poco más de un mes de su llegada a la
presidencia, ha convocado en la Casa Rosada a la Prensa nacional y extranjera
para someterse a su primera conferencia de prensa.
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