El general de división retirado Reynaldo Bignone, último presidente
militar argentino, permanece desde la tarde del martes recluido en los
cuarteles de Campo de Mayo, en calidad de procesado por el juez de instrucción
Carlos Olivari, quien decretó su prisión incondicional sin fianza. El juez
Olivari investiga una causa abierta hace cinco años por la desaparición de los
reclutas Luis Pablo Steinberg y Luis Daniel García, miembros de la Federación
Juvenil Comunista, cuando en 1976 cumplían su servicio militar obligatorio en
el colegio militar entonces dirigido por Bignone.
Otros tres jóvenes que pertenecían a la misma compañía que los
desaparecidos (Brito, García y Carvallo) también fueron secuestrados y
sometidos a torturas, en la creencia de que integraban una célula subversiva.
Encerrados en la enfermería del colegio militar, uno de ellos trabó relaciones
con Steinberg y escuchó cómo una médica le indicaba: "No tomes agua ahora
porque dentro de un rato vas a tener otra sesión de tortura". Cuatro días
después, Brito, García y Carvallo fueron conducidos al despacho de Bignone,
quien les presentó excusas -"en esta guerra sucia a veces pagan inocentes
por culpables"- y, en compensación, les licenció, dejándoles en libertad. Luis
Pablo Steinberg y Daniel García no aparecieron jamás.El abogado de Bignone, el
ex ministro de Justicia Lucas Lennon, intentó infructuosamente que se eximiera
de prisión a su cliente ante la Cámara del Crimen. Muchos magistrados dieron la
razón al juez Olivari. Este procesamiento de Bignone se dicta por privación
ilegítima de libertad, reiterada omisión de denuncia y falso testimonio. Tras
cuatro horas y media de interrogatorio se cursó oficio de la detención al
Comando del Ejército, y oficiales mayores concurrieron al Palacio de Justicia
para hacerse cargo del preso. A su salida, fuertemente escoltado cientos de
personas le colmaron de invectivas.
Bignone tiene cita también con el juez Córdoba, que investiga la
desaparición en 1978 de un físico matemático. También por esta causa la
justicia ha solicitado la prisión preventiva del ex presidente que entregó el
poder a Raúl Alfonsín y abandonó la Casa Rosada por la puerta de atrás.
Proceso contra las
juntas
Con la designación de las vacantes en el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas (máxima corte marcial), nada impide técnicamente que se inicie el
proceso contra las tres primeras juntas militares. Sólo el ex presidente
Leopoldo Galtieri no ha designado a un abogado, y se sabe que los letrados del
brigadier mayor Agosti, el triunviro aviador de la primera Junta, han aducido
ya que su patrocinado no, puede ser juzgado en tanto en cuanto le ampara la ley
de Pacificación Nacional -"ley de autoamnistía"-, decretada por la
última Junta Militar y derogada por el Congreso democrático a propuesta del
Gobierno radical. El resto de las defensas guardan silencio.
El escritor Ernesto Sábato, presidente de la Comisión Nacional
sobre Desaparición Forzosa de Personas -comisión gubernamental-, ha hecho un
llamamiento a la población para que aporte pruebas o simples datos sobre las
desapariciones. En su primera rueda de prensa, Sábato anunció que se han
recibido ya gran cantidad de denuncias documentadas, y que en breve se
presentarán a la justicia y al Gobierno pruebas serias y decisivas. Sábato
señaló que muchas pruebas están siendo aporta das por militares en activo o en
retiro atormentados por las atrocidades que les obligaron apresenciar o
realizar; muchos acuden a la comisión como quien acude al confesonario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario