Mientras el almirante Masera fue ayer notificado de su nuevo
procesamiento como integrante de la primera junta militar de 1956, la Cámara de
Diputados comenzó sus discusiones para la reforma del Código de Justicia
Militar propuesto por el Gobierno.El proyecto de ley radical propone que las
sentencias de la justicia castrense sean apelables ante el Tribunal Federal, y
la oposición peronista se había mostrado, en principio, acorde con esta modificación,
dentro del plan general de Raúl Alfonsín de lograr la rendición de cuentas por
los excesos de la guerra sucia, sin caer en la utopía de enjuiciar a todas las
Fuerzas Armadas.
Con el colectivo
de las Madres de la Plaza de Mayo manifestándose ante el Congreso, los
peronistas han optado por plantear serias modificaciones al proyecto de ley,
proponiendo, junto a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, que
los culpables de la represión sean juzgados exclusivamente por la jurisdicción
ordinaria y no por sus pares.
Los radicales
estiman que si se les priva en primera instancia de sus jueces naturales,
tendrán grandes posibilidades de casar posteriormente sus sentencias ante otros
tribunales, y que es preferible correr el riesgo de un proceso militar.
Los peronistas,
que no dijeron durante su campaña mayor cosa de la represión y las
responsabilidades exigibles a los militares, están descubriendo rápidamente las
posibilidades, para ellos inéditas, de la oposición parlamentaria. No obstante,
la oposición a la reforma, por estimarla insuficiente, está planteada de cara a
la calle; los radicales tienen en el Parlamento aliados legislativos
suficientes para hacer aprobar su ley, y todos entienden en privado o en
público -menos los lógicamente airados familiares de los asesinados- que del
mayor problema de la joven democracia argentina hay que salir dando pasos
medidos y contados.
En cualquier
caso, el peronismo (al menos su grupo parlamentario), antes que proceder a su
recomposición interna, parece decidido a no darle al Gobierno ni 100 días de
gracia, como si las elecciones de octubre se hubieran realizado en Suiza y no
en la maltratada República Argentina. Y plantearán una batalla a fondo contra
la nueva ley sindical, en tanto envenenan la atmósfera con todo tipo de rumores
tan alarmistas como improbables.
A menos de un mes
de su asunción como presidente, Alfonsín se ha planteado la necesidad de
retener la iniciativa política, y su ministro del Interior ha anunciado que en
breve se convocará nuevamente a la Multipartidaria (los secretarios de los
partidos) para que ayude a la reconstrucción del país y colabore a dar
fortaleza al régimen institucional.
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