Tenemos que salir de esto como de una guerra, y tenemos que
comprender que si bien es cierto que la sangre quedó atrás, que las lágrimas
deben quedar atrás, el sudor nos espera en adelante a todos los argentinos, y
sin excepción". Con un visible tono de indignación, el presidente
argentino, Raúl Alfonsín, pronunció estas palabras en un acto oficial en el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, saliendo al paso de las noticias
solventes sobre planes desestabilizadores a plazo medio que estarían fraguando
en Uruguay militares en retiro y miembros destacados de la oligarquía
agrícola-ganadera.
El diputado
peronista por el Chaco Adam Pedrini, primer vicepresidente de la Cámara de
Diputados, denunció a los medios de información la celebración de reuniones
conspirativas en Punta del Este (exclusivo balneario uruguayo) entre militares
retirados de alta graduación y banqueros y empresarios ligados a la política
monetarista del ex ministro de Economía del proceso militar, Martínez de Hoz.La
información hecha pública por el diputado peronista fue oficiosamente avalada
por fuentes gubernamentales. Se trataría de un plan de agitación social y
económica susceptible de generar en dos años el suficiente descontento popular
como para propiciar un nuevo golpe de Estado. La sociedad argentina no parece
en modo alguno proclive a nuevas aventuras de este tipo, pero el cúmulo de
intereses cooperativos y económicos en juego es del suficiente porte como para
que ya sus representantes hayan comenzado a cavar la fosa radical.
Con secas y duras
alusiones a los "tecnócratas del fracaso", Alfonsín denunció
"las secuelas intelectuales del autoritarismo que no conciben que pueda
existir un plan económico sin que se piense que todo el esfuerzo para la re
construcción de la economía debe recaer sobre los sectores más desvalidos; que
suponen que no hay un plan económico serio si no se condena a los desposeídos
al infraconsumo, si no hace que los sectores del trabajo se aprieten el
cinturón, y si condenan la disminución del salario o el desempleo".
Otras
conspiraciones justifican la destemplanza del presidente Alfonsín. Las débiles
negociaciones hilvanadas entre radicales y peronistas para sacar adelante una
ley regularizadora del sindicalismo ya han saltado por los aires al oponerse el
justicialismo a "veedores estatales" en los sindicatos para controlar
sus finanzas y su proceso democratizador. Al tiempo, las dos CGT (Confederación
General del Trabajo), lideradas por Jorge Triaca y Saúl Ubaldini, han acordado
su unificación mediante una dirección conjunta provisional que desaparecerá en
tres meses para dar paso a un secretariado único.
Los senadores
peronistas, por su parte, están poniendo serios obstáculos para la aprobación
en su cámara del proyecto radical -ya aprobado por el Congreso- de reforma del
Código de Justicia Militar. Pretenden ahora ir más allá del posibilismo radical
y exigen que los delitos presuntamente cometidos contra civiles por parte de
militares sean vistos por la jurisdicción ordinaria. La realidad es que el
bloque parlamentario justícialista está poniendo todo tipo de trabas al paquete
legislativo radical para poder negociar desde una posición de máxima fuerza la
ley sindical que les permita mantener las riendas de los gremios.
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