Por el decreto ejecutivo 280 firmado por el presidente Raúl
Alfonsín, el Gobierno argentino ha ordenado la prisión preventiva y el
procesamiento del general retirado Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos
Aires y autor confeso de la desaparición de 5.000 ciudadanos, secuestro de
niños, cambios en su identidad civil y apologista de la aplicación de tormentos
a los detenidos.
Camps, que ya se
encuentra preso en un Regimiento de Infantería bonaerense, será también
enjuiciado ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el más alto tribunal
militar. Camps fue el torturador del propietario y director de La Opinión, Jacobo Timerman. En el mismo regimiento en el
que ya se encuentra detenido el general Ramón Camps, les fue tomada a él y al
teniente general Jorge Videla declaración por un juez federal a cuenta de sus
presuntas responsabilidades en la desaparición de un ciudadano en 1977.El
solapamiento de las causas incoadas por el Gobierno ante el Consejo Supremo de
las Fuerzas Armadas con las promovidas por los particulares ante la justicia
civil está provocando esta monumental confusión, excelente caldo de cultivo
para cualquier extremismo y para cualquier provocación. Todo este rigodón de
comparecencias y huidas militares ante la justicia civil, retrasos en la
administración de la justicia castrense, pequeñas batallas campales a la salida
de los tribunales, sólo favorecen a la extrema derecha y al grueso de los
militares involucrados en crímenes contra la humanidad que desean alimentar la
imagen de uña Argentina democrática sumida en un caos jurídico y revanchista y
al borde de los tribunales populares.
El presidente
Alfonsín aprovechó el primer aniversario de la muerte del doctor Arturo Illía
(el presidente radical depuesto en 1976 por el teniente general Juan Carlos
Onganía) para celebrar un funeral cívico y laico en el cementerio de La
Recoleta, donde yace. Frente a su tumba pronunció un energico discurso
repartiendo admoniciones por doquier. Condenó los golpes de Estado,
reputándolos de uno de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la
patria y defendió el Estado de derecho como base imprescindible para conseguir
paz y justicia para todos. "No sólo", afirmó, "hay que hacer un
buen Gobierno, también debemos hacer docencia democrática alejando ya para
siempre los fantasmas de la inestabilidad. Por encima del acierto o el error,
lo que hoy nos interesa es una lucha permanente por el Estado de derecho. ¿Qué
tiene que ver la democracia", se preguntó, "con el atentar contra
ciudadanos que van a prestar declaración?". Refiriéndose a las
declaraciones involucionistas de militares retirados, dijo que "como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pondré como límite a los militares en
retiro la barrera del Código Penal".
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