El pasado fin de semana los
diarios argentinos publicaron edictos del Ministerio de Defensa instando a la
población a aportar pruebas, documentos, evidencias que puedan consolidar el
informe del fiscal militar en contra de las tres primeras juntas militares que
gobernaron el país desde 1976, y procesadas ante el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas por presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad,
aplicación de tormentos a los detenidos y desaparición de personas.
Todos los pasos formales
previos han sido dados para el inicio de los juicios sumarios contra los
tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los
almirantes Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Isaac Jorge Anaya y
los brigadieres mayores del Aire Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami
Dozo.Los nueve se encuentran en Buenos Aires y sólo Massera se halla detenido
por un supuesto delito ajeno a esta causa. Todos ellos se reunieron
recientemente en el apostadero naval de El Tigre (en el nacimiento del río de
La Plata), donde se encuentra preso Massera, para elaborar una estrategia común
de defensa que pivotará sobre el hecho de que el Gobierno constitucional de
Isabel Perón les ordenó "combatir la subversión hasta su aniquilación
final".
Aquella orden fue firmada
por el entonces presidente provisional de la nación, Ítalo Argentino Lúder, presidente
del Senado y reciente candidato presidencial peronista, ante una enfermedad de
los nervios de la presidenta.
Se espera que en esta semana
comiencen los interrogatorios de los nueve implicados, pero dentro del sigilo
con que actúa la justicia castrense se tiene por más probable que se active la
causa seguida ante la misma corte contra el general Ramón Camps, ex jefe de la
policía bonaerense, encausado, igual que las tres juntas, por un decreto del
Gobierno radical.
Causa muy avanzada
La causa contra Camps, quien
alardea de haber hecho desaparecer a 5.000 personas, haber cambiado la
identidad civil de hijos menores, de supuestos subversivos e, implícitamente,
de haber practicado la tortura a escala industrial, se encuentra más avanzada
que la de los nueve triunviros.
Entre los muchos cargos
documentados en contra del general Camps se cuentan las declaraciones de Jacobo
Timermann y las de Alfredo Bravo, actual subsecretario para la Actividad
Docente en el Ministerio de Educación.
Timermann, quién acaba de
regresar a Argentina, ha invertido buena parte de su tiempo en rastrear el chupadero boanerense en el que fue torturado.
(En la jerga militar, chupar significaba proceder a la desaparición
de una persona, y chupadero, una de las miles de cárceles clandestinas.)
Lo ha encontrado en unos locales abandonados de la policía de Buenos Aires en
los que ya había comenzado a trabajar la piqueta de demolición. El testimonio
de Timermann es definitivo para la suerte del general Camps.
No menos importante es el del
maestro Bravo, ahora subsecretario de Educación. Militante radical preocupado
por la defensa de los derechos humanos, fue chupado y sometido a simulacros de
fusilamiento.
El general Camps, ya en su
retiro, preso desde hace una semana por orden del presidente Alfonsín, no
alcanzó el grado de divisionario por desdén de sus camaradas. Herido en su amor
propio y un punto enloquecido, parece, por sus declaraciones públicas, querer
encabezar gallardamente toda la barbarie de la represión.
Hasta ahora ni se excusa ni
apenas niega sus supuestos crímenes. Aduce que aquella fue una guerra, y
pertenece a la raza de militares que creen que en la guerra todo está permitido
para obtener la victoria. Su proceso será una prueba para el encausamiento de
sus camaradas de mayor graduación.
Camps, como jefe de la
policía bonaerense, dependía directamente del comandante del Primer Cuerpo de
Ejército, general Suárez Mason, y éste, a su vez, del teniente general y ex
presidente Jorge Rafael Videla.
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