La fiscalía de la Cámara
Federal de Apelaciones argentina solicitó ayer, en un extenso alegato,
reclusión perpetua para el general Ramón Camps, ex jefe de la policía de la
provincia de Buenos Aires, y para el comisario mayor de la policía bonaerense,
Miguel Etchecolatz. Otros cinco procesados en esta misma causa recibieron
peticiones fiscales entre los 25 y los 18 años de reclusión, por detención
ilegal, robo y aplicación de tormentos a los detenidos.
Termina así la primera fase
del tercero de los grandes procesos judiciales argentinos: el primero, contra
las tres primeras juntas militares; el segundo, contra la penúltima Junta
Militar por la perdida de la guerra de las Malvinas; y éste, contra el segundo
escalón represor en la guerra
sucia contra la subversión. Dada la extensión del alegato fiscal, los
abogados defensores han obtenido una prórroga hasta el 5 de noviembre para
iniciar sus propios alegatos. El tramo de este juicio se ha desarrollado sin
incidentes dignos de mención, excepción hecha de una pataleta de los policías
encabezados por el comisario Etchecolatz, que abandonaron la sala durante la
primera audiencia.Aconsejados por sus letrados, asistieron a las demás vistas;
Sólo faltó él general Ramón Camps, ingresado en dependencias sanitarias del
Primer Cuerpo de Ejército, aquejado de un cáncer de próstata de cuyo
tratamiento forma parte la ingestión de hormonas femeninas.
El fiscal Julio César
Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo, han seguido la misma línea de
trabajo desarrollada en el juicio contra las juntas de la dictadura. Encerrados
en sus decrépitos despachitos del Palacio de los Tribunales, ayudados por un
grupo de jóvenes colaboradores y manejando fichas de cartón de diferentes
colores, se centraron esta vez en 280 casos de desaparecidos que sufrieron la
muerte, el robo, la tortura y la vejación.
La prueba judicial
Por lo escuchado, han
demostrado suficientemente la participación de Camps y Etchecolatz en al menos
dos casos de asesinato con alevosía y detenciones ilegales, torturas y robos
extensibles hasta 500 casos que han, ido apareciendo con la deposición de los
testigos. Por supuesto que esto es sólo la prueba judicial y no la totalidad del
drama que vivió Buenos Aires.El general Camps, el carnicero de Buenos Aires,pertenece
al arma de caballería y, pese a haber alcanzado su rango, es un jefe gris, poco
apreciado por sus conmilitones y que terminó su carrera dirigiendo la remonta
de la provincia de Buenos Aires. En 1976, tras el golpe de Estado que derrocó a
Isabelita Perón, el general Suárez Mason, ahora prófugo y entonces comandante
del Primer Cuerpo de Ejército, le designó jefe de la policía bonaerense. La
policía de la primera provincia del país quedó así militarizada y bajo la
dirección de un fanático del anticomunismo y del antisemitismo.
Camps convirtió la provincia
bonaerense en un infierno para la guerrilla izquierdista, para sus
simpatizantes, para los librepensadores, para los intelectuales, para los
estudiantes y hasta para cualquier ciudadano anodino y despreocupado
políticamente que tuviera la mala fortuna de cruzarse en una esquina con sus grupos de tareas dedicados al secuestro de sospechosos.
Al contrario de Videla,
Massera, Suárez Mason, Menéndez, Viola y otros jerarcas militares de la
dictadura, Camps no tuvo empacho en involucrarse directamente con la represión.
A cara descubierta, interrogaba y amenazaba a los torturados. Es un hombre
convencido de la bondad de su gestión y, antes de ser puesto preso, se jactaba
ante la Prensa de haber chupado a 15.000 personas, y se lamentaba de
que la dictadura no hubiese declarado el estado de guerra interna para fusilar
a los subversivos bajo el código marcial en vez de asesinarlos clandestinamente.
Presumiblemente, es un paranoico compulsivo.
Este juicio, ahora en su
recta final, no ha despertado interés en la sociedad argentina, ahíta de
procesos, ansiosa de olvidar un pasado del que muchos se sienten culpables por
su silencio y su omisión, y estrangulada por problemas económicos básicos que
presiden cruelmente su vida cotidiana.
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