La huelga general de ayer en Argentina, convocada
por las dos ramas de la Confederación General del Trabajo (CGT), aun
paralizando prácticamente el país, no tuvo la respuesta total de la del 6 de
diciembre, cuando las calles de las grandes ciudades quedaron desiertas y
abandonadas a las patrullas de la policía. Circularon numerosos taxis y
autobuses -no así el metro-, abrieron algunos establecimientos hoteleros y
salieron a la calle los dos principales diarios de Buenos Aires. Las emisoras
de radio y televisión suspendieron sus programas durante diez minutos.
Han circulado numerosos taxis y no pocos
autobuses, han abierto algunos establecimientos hoteleros, quioscos de Prensa y
la mayoría de los tradicionales puestos de tabaco, fichas telefónicas y
chucherías que han proliferado a raíz de la crisis económica. Los dos
principales diarios bonaerenses, Clarín y La Nación, han salido a la
calle -sin editoriales sobre la huelga- con sólo algunas dificultades de
distribución. Las emisoras de radio y los canales de televisión suspendieron
periódicamente sus emisiones por espacio de diez minutos. En provincias también
se han producido algunas irregularidades en el seguimiento de la huelga, aunque
los transportes ferroviarios y por carretera, fluviales, marítimos y aéreos han
quedado paralizados, así como la práctica totalidad de la actividad industrial,
comercial, bancaria y docente.El tráfico en Buenos Aires ha sido más fluido que
de costumbre, pese a que los automóviles particulares han invadido el casco
urbano aprovechando que las autoridades municipales suspendieron por 24 horas
las limitaciones de aparcamiento. La ciudad permaneció tranquila, y las medidas
de seguridad no fueron aparatosas. En suma, otra matera (un día para
quedarse en casa tomando mate) en menos de cuatro meses, pero sin la
espectacularidad y la rabia de la huelga de diciembre.
Sin duda, ha influido la decisión de última hora
del ministro de Trabajo, Héctor Villaveirán, curiosamente más proclive que su
colega de Economía a la comprensión de las demandas sindicales, de declarar la
huelga ilegal. En diciembre no se tomó esta medida y a la postre resulta
paradójica por cuanto el derecho de huelga se encuentra suspendido en el país
desde 1976.
Medidas contra los huelguistas
Pero la ilegalidad decretada por el Gobierno hace
incurrir a los trabajadores en una cascada de medidas que van desde el despido
sin indemnización hasta la prisión por uno a seis años, y hasta diez años al
que ejerce coacción para que otros abandonen el trabajo. No obstante, no está
este horno para tales represalias y el propio ministro de Trabajo ha declarado
que no quiere llevar las cosas mucho más allá como para decidir que se van a
aplicar tales o cuales medidas". Los sindicatos, por su parte, han
reputado de grotesca y de irreal la decisión del Gobierno.Mayor incidencia en
el ánimo de los trabajadores autónomos o por cuenta ajena que han acudido a sus
trabajos habrá tenido la perspectiva de la pérdida de ingreso o el jornal
diario (los que han secundado la huelga no cobran la jornada), y hoy al obrero
argentino se le hace muy duro prescindir del salarlo de un solo día.
La Confederación General del Trabajo (
CGT-Azopardo), Ia primera que empezó a colaborar con el régimen militar, exige
un 15% de aumento salarial y subidas mínimas de 10 millones de pesos; la
CGT-República Argentina (más radical) exige subidas superiores, y el Gobierno
ha decidido que lo único que se puede repartir es un 12% de aumento acumulativo
durante sólo tres meses para quien gane menos de 10 millones de pesos,
1.200.000 pesos también por tres meses para quien gane más de 10 millones, y
medio millón de pesos por una sola vez para quien gane menos de los 10
millones. Veinticuatro millones de pesos es el límite estricto para que una familia
de dos hijos pueda adquirir mensualmente los artículos indispensables para su
supervivencia.
Ambas centrales reclaman, además, lo que acaso
sea más importante: un giro de 180 grados en la política económica, precios
máximos y controles en artículos alimenticios, medicamentos e indumentaria
escolar, así como la restitución de los sindicatos todavía intervenidos por los
militares. Cuatro grandes sindicatos controlan la vida gremial argentina. La
CGT-Azopardo controla uno (la banca), y la CGT-República Argentina, otro
(ferroviarios); los otros dos (metalúrgicos y construcción) continúan
intervenidos por los militares. La central sindical que los recoja será
hegemónica en Argentina. Y ante la división interna de los partidos en general
y del peronismo en particular (desde la muerte de Perón las dos CGT ya no son
meras correas de transmisión del peronismo), los militares desarrollan un sutil
juego de palo, zanahoria y división con los sindicatos en procura de un pacto
político que les permita salir de este atolladero.
Por el momento las centrales se han unido en la
huelga de ayer para demostrar que hoy por hoy frente al poder de los militares
no hay en Argentina otro poder organizado que el de los sindicatos. Pero
mañana, miércoles, la radical CGT-República Argentina marchará sobre la plaza
de Mayo y sobre la sede de la CGT-Azopardo, el edificio histórico del
sindicalismo argentino, en un intento de presionar una fusión obrera todavía
temprana.
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