La Cámara Federal de lo
Penal y Correccional de Buenos Aires ha reclamado del Consejo Supremo de
Justicia Militar las 300 causas por violación de los derechos humanos en el I
Cuerpo de Ejército que el alto tribunal castrense estaba tramitando desde hace
dos años y medio. La Cámara Federal es la misma que enjuició civilmente a las
tres primeras juntas militares, dada la dilación injustificada de la justicia
castrense. Ahora la cámara nuevamente ha estimado que la justicia militar ha
agotado todos los plazos razonables sin avanzar en la tramitación de los casos
y ha asumido la responsabilidad del juicio.Se trata del enjuiciamiento de la guerra sucia contra la subversión desatada por el
general Guillermo Suárez-Mason (degradado y prófugo), comandante durante la
dictadura militar del I Cuerpo de Ejército, acantonado en la capital federal y
la provincia de Buenos Aires, y del general Ramón Camps, entonces jefe de la
Policía Federal de la provincia. Camps, alardeador de haber hecho desaparecer a miles de argentinos, torturador
personal del periodista Jacobo Timerman, permanece preso en un hospital militar
aquejado de cáncer de próstata con metástasis generalizada.
Hasta 300 jefes y oficiales
del Ejército y de la Policía Federal se encuentran involucrados en esta causa.
Se espera que la cámara vea el juicio contra Ramón Camps, oral y públicamente,
en el transcurso de este año. Las causas sobre lo sucedido en la Escuela de
Mécanica de la Armada y contra la Policía Federal no podrán ser vistas antes
del próximo año.
Las fuerzas armadas han sido
tomadas por sorpresa ante la drástica pérdida de paciencia de los camaristas
civiles. El pasado martes se consumió en reuniones de la cúpula militar y en
una entrevista de dos horas y media entre el titular de Defensa, Horacio
Jaunarena, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú.
A la crispación militar
contribuyen las últimas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados,
el viejo radical Juan Carlos Pugliese, un hombre asaz moderado, reprochando a
las fuerzas armadas argentinas no haber entendido que su actuación durante la
dictadura es repudiada por al menos el 90% de la población.
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