La Cámara Federal argentina
de lo Penal y Correccional iniciará en abril el juicio contra los miembros de
las tres primeras juntas militares que en el llamado Proceso de Reorganización
Nacional gobernaron el país entre 1975 y 1982. El juicio será civil, pero
tendrá carácter sumario y con arreglo al Código de Justicia Militar.
Siete de los nueve altos
militares argentinos procesados por el decreto 158 del presidente Raúl Alfonsín
como presuntos responsables de crímenes contra la humanidad serán trasladados en
breve desde sus respectivas prisiones a la unidad penal 22, en el centro de
Buenos Aires, muy próxima a la sede de la Cámara Federal, donde serán juzgados
en vista pública.Ya se encuentran en prisión preventiva rigurosa los tenientes
generales y ex presidentes Jorge Videla y Roberto Viola, los almirantes Eduardo
Massera y Armando Lambruschini y el brigadier del Aire Orlando Agosti. También
en prisión preventiva, pero por su actuación en la guerra de las Malvinas, se
encuentran el teniente general y ex presidente Leopoldo Galtieri y el almirante
Jorge Anaya; en libertad provisional se hallan los brigadieres del Aire Omar
Graffigna y Basilio Lami Dozo. Por primera vez en la historia penal tres ex
presidentes consecutivos de una nación arrastrarán un proceso por supuestos
crímenes de lesa humanidad.
Seis jueces de la Cámara
Federal, presididos por León Carlos Arslanián, dictarán sentencia. La fiscalía
estará encabezada por Julio César Strassera. Éste será el primer juicio oral
celebrado en Argentina desde el realizado en 1970 contra los presuntos
secuestradores y asesinos del teniente general y ex presidente Pedro Eugenio
Aramburu.
Escenario del juicio
La sala de la Cámara
Federal, neogótica, cuenta con capacidad para 500 personas distribuidas en una
platea y dos pisos; 100 periodistas argentinos y extranjeros podrán presenciar
las sesiones, que comenzarán diariamente a las dos de la tarde, y se prevé la
posibilidad continuar el juicio sábados y festivos, si es necesario, dado el
carácter sumario de la causa. Los nueve reos podrán excusar su presencia en el
banquillo de los acusados y hacerse representar por sus letrados, excepto
cuando realicen sus descargos y cuando reciban sentencia.Las medidas de
seguridad serán tan excepcionales como el mismo juicio, tanto en el exterior de
la Cámara Federal como en su interior, a fin de hacer prevalecer la autoridad
del tribunal en unas vistas que se esperan plagadas de incidentes. Ya se da por
segura, para empezar, la intervención de las defensas solicitando de la Cámara la
expulsión de la sala de las madres de la Plaza de Mayo.
Ambas partes -fiscalía
federal y defensores- guardan lógicas reservas sobre sus principales líneas de
acción, aunque ha trascendido la intención de la defensa de recordar la orden
de exterminio militar de la subversión y el terrorismo del último Gobierno
constitucional de Isabel Perón.
Por parte de las defensas
del teniente general Jorge Videla y del almirante Eduardo Massera se espera
todavía algo más: una encendida argumentación política cuestionando la
viabilidad de la democracia parlamentaria en el país. A la vuelta del verano
austral los argentinos encontrarán servido lo que muchos estiman como el juicio
del siglo y otros temen que sea el juicio final.
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