El Almirantazgo argentino
levantó a la una de la madrugada de ayer una prolongada sesión en el edificio
Libertad -sede de la comandancia del arma- para analizar las citaciones
judiciales a marinos en retiro y en activo, a cuenta de la causa abierta por
las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) entre
1976 y 1979. El resultado de la reunión fue el acatamiento de la Constitución
por parte del Almirantazgo, pese a la resistencia al enjuiciamiento de los marinos,
a los que se expresó un apoyo total.
Toda la tarde del miércoles,
Buenos Aires fue un avispero de rumores que llegaban a especular con el pase a
retiro del vicealmirante Ramón Arosa, jefe del Estado Mayor de la Armada. Éste
a las 2.25, envió el siguiente radiograma a las unidades bajo su mando:
"El jefe del Estado Mayor, con su consejo de almirantes, analizó la
gravísima situación surgida del juzgamiento de alguno de sus hombres por la
participación que a toda la Armada cupo en la lucha contra el terrorismo
subversivo. Estudiada la situación y las posibles alternativas, los almirantes
todos coinciden en que la consolidación del futuro nacional exige actuar con
las responsabilidades que requiere la reafirmación de los principios que son
fundamento de la República. La Armada, dentro de este contexto, apoyará a sus
hombres con todos los medios legales ( ... ). No hay otro camino para sostener
la vigencia de la justicia ( ... ) que afrontar estas circunstancias en el
marco jurídico, empeñando en la defensa de sus hombres toda la fuerza de
nuestra convicción ( ... )".El radiograma del vicealmirante Arosa
implicaba al menos, y pese a sus reticencias, un acatamiento formal de la
Marina al poder político y al poder judicial. Pero la Cámara Federal de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional se mantuvo firme en la aplicación de la ley; en
este caso, el Código de Justicia Militar: los seis almirantes citados para las
ocho de la mañana del miércoles para deponer sobre la causa de la Esma, y que
no comparecieron a horario -Antonio Vañek, Julio Torti, Óscar Montes, Manuel
García Tallada, Humberto Barduzzi y José Supissiche, todos en retiro-, fueron
declarados rebeldes y se ordenó al Ministerio de Defensa su busca y captura.
Los seis almirantes estaban
en sus domicilios porteños resistiéndose a comparecer durante diez horas y
media; el Ministerio de Defensa fórcejeó con el Almirantazgo para que fueran
convencidos u obligados apresentarse en el Palacio de los Tribunales.
Finalmente fueron conducidos ante la Cámara Federal por almirantes en
actividad, aunque la Armada emitió un comunicado afirmando que habían terminado
por presentarse voluntariamente. La Cámara no les tomó declaración y ordenó su
detención en el Palacio de Justicia.
Pasaron la noche en la
Unidad Penal 22, cárcel preventiva de máxima seguridad próxima a los
tribunales, donde espera su juicio José López Rega, y los camaristas insisten
en que, de no probar los almirantes su imposibilidad natural de comparecer a la
hora fijada, deberán ser dados de baja en la Armada.
De los otros dos jefes
convocados el miércoles -dos capitanes de navío en retiro-, uno adujo hallarse
en el extranjero y el otro está prófugo reclamado por el secuestro de dos hijos
de desaparecidos. La mañana del jueves no calmó los ánimos. Hasta mediodía,
estaban citados seis capitanes de navío, cinco de ellos en actividad. De ellos,
sólo uno accedió a ser interrogado por los jueces; tres se limitaron a dar su
nombre, rango y número, como si se encontraran presos por una fuerza
extranjera; uno adujo enfermedad para no presentarse, y otro dio fe por sus
abogados de encontrarse en viaje por el exteriór. La Cámara decidió la
detención de todos ellos y su traslado, junto a los seis almirantes, al buque Bahía Paraíso.
La Marina argentina, en
suma, aceptó entregar a la justicia a los tres triunviros navales de las
primeras juntas militares de la dictadura: los almirantes Massera, Lambruschini
y Anaya. Pero desde la restauración de la democracia dejaron bien claro que no aceptarían
otros procesamientos, y mucho menos el de oficiales en activo, y dieron
denonadas batallas jurídicas y políticas por evitar el procesamiento del
teniente de navío Alfredo Astiz.
Ahora, la Marina no se
rebela porque no puede; no existe espacio económico, político, social,
histórico para otro golpe militar.
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