Hoy vence en Argentina el
plazo que se ha establecido en la llama da ley de punto final para formular denuncias contra
militares y policías involucrados en excesos represores. Quien no haya sido
denunciado hasta esa fecha podrá respirar tranquilo amparado por esta suerte de
amnistía técnica.
Unas 12.000 personas, entre
las que se encontraban representantes de organizaciones defensoras de los
derechos humanos, de partidos políticos y de entidades sindicales, se
manifestaron en la noche del viernes en el centro de Buenos Aires contra esta
ley.
Entre los manifestantes,
que marcharon con antorchas alrededor del Congreso, no se estaban las Madres de
la Plaza de Mayo ni la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la que
es fundador el presidente Raúl Alfonsín. Hebe de Bonafini, presidenta de las madres
de Mayo, declaró que su organización no participó en la manifestación de
protesta porque "allí se encuentran los traidores que votaron esa ley y
son capaces de salir a marchar con la gente".
Mañana marca otra frontera:
el comienzo de la recta final de los procesos contra militares y policías, la
vista de las causas abiertas contra jefes y oficiales del I Cuerpo de Ejército,
comandado por el ex teniente general Guillermo Suárez Mason (detenido en
Estados Unidos a la espera de su extradición a la Argentina) y contra los
mandos de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Hasta el momento todos los
detenidos, enjuiciados y condenados por la Cámara Federal de Apelaciones de la
República han sido jefes y oficiales en situación de retiro y, aún con grandes
reticencias y dilaciones, los militares han entregado a desgana estas cabezas
de turco.
A partir de ahora se inician
las citaciones y detenciones de altos jefes también en retiro pero de segundo
plano, como el ex presidente Reynaldo Bignone (última junta militar), el teniente
general Cristino Nicolaldes (hombre fuerte de la última junta y organizador de
las elecciones democráticas) o del general José Malagamba.
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