La detención del marino
Alfredo Astiz por la justicia civil amenaza romper el delicadísimo equilibrio
entre el Gobierno democrático y las fuerzas armadas argentinas. Desde hace
cinco días continúa la sesión permanente del Almirantazgo como presión sobre la
opinión pública y el poder judicial en favor de Astiz. La Armada, además, ha
solicitado que el marino sea trasladado desde el apostadero naval de Buenos
Aires a la base de Puerto Belgrano para mejor garantizar su seguridad.
Astiz tuvo finalmente que
ser reconocido mediante fotografías por testigos oculares que afirman haberle
visto disparar contra la joven sueca Dagmar Haguelin y secuestrarla herida en
un taxi en diciembre de 1977. El oficial se negó a una rueda de presos
identificatoria e incluso a declarar, aduciendo que su caso había sido
sobreseído en 1981 por la justicia militar. La identificación lograda por el
juez federal Miguel del Castillo es judicialmente muy débil, dada la profusión
de fotografías de Astiz publicadas en la Prensa argentina e internacional tras
su rendición a las tropas británicas en las islas Georgias del Sur durante la
guerra por las Malvinas.El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -cuya
renuncia global será admitida antes de fin de año por el ministro de Defensa,
Raúl Borrás- ha remitido al juez Del Castillo, aceleradamente y contra su lentitud
habitual, la documentación sobre el sobreseimiento militar del caso Haguelin, en el que se ampararía Astiz.
No obstante, el problema es
político antes que jurídico. Astiz, por su notoriedad internacional -presunto
responsable de la desaparición de Haguelin y de dos monjas francesas-, es el
símbolo de los oficiales jóvenes que participaron en la guerra sucia contra la subversión. Si es procesado,
se derrumbará el acuerdo tácito entre el Gobierno democrático y las fuerzas
armadas de resolver las secuelas del terror de la dictadura castigando a las
cúpulas que ordenaron el genocidio y salvaguardando a los escalones inferiores
mediante una interpretación generosa del principio de obediencia debida.
Toda la publicidad que ha
rodeado a Astiz y la presión de los Gobiernos sueco y francés han abierto una
grieta en aquel esquema de juzgamiento selectivo. El ministro de Defensa, Raúl
Borrás, ha intentado aislar el caso
Astiz, aduciendo que no se
le juzga por haber obedecido órdenes militares, sino por la supuesta comision
de delitos comunes, como serían la privación ilegítima de la libertad y la
comisión de lesiones a una ciudadana. El Almirantazgo, más realista, continúa
oponiéndose al procesanúento. Si el caso
Astiz se lleva hasta sus
últimas consecuencias, media oficialidad argentina acabará sentándose en el
banquillo de la justicia civil.
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