El teniente general Jorge
Rafael Videla, ex presidente de la Junta Militar argentina que derrocó en 1976
el Gobierno constitucional de Isabel Perón, se negó el jueves a declarar ante
la Cámara Federal de Apelaciones que le enjuicia por sus responsabilidades en
el genocidio del país. Tanto Videla como el almirante Eduardo Emilio Massera ya
se encuentran recluidos en un establecimiento penitenciario especial, civil, en
el centro de Buenos Aires.Videla, en un ataque de fervoroso constitucionalismo,
que ya había anunciado previamente, tildó de ilegal el decreto 158 del Gobierno
radical que enjuiciaba a las tres primeras juntas militares, reclamé en
cualquier caso el regreso de su causa a su juez natural -la justicia castrense-
y adujo en su favor la orden del Gobierno de Isabelita Perón a las fuerzas
armadas de exterminar la subversión de la República. Formalmente respetuoso con
la Cámara Federal, se ha negado a declarar y a designar letrado defensor. La
Cámara le ha designado uno de oficio.
El almirante Massera
presidió declaración tras Videla y durante cinco horas, en presencia de su
abogado. Sin embargo, objetó como "inconstitucional y arbitrario" el
pase de su causa a la jurisdicción civil.
Ambos fueron trasladados, en
secreto y entre fuertes medidas de seguridad, desde su centro de detención a la
sede de la Cámara -edificios muy próximos-, vestidos de paisano y en compañía
de sus defensores. Videla se comporté de modo correcto y distante; Massera,
jovial y dicharachero, bromeaba con sus escoltas. El almirante Massera ha
tenido una buena noticia: acusado por ocultación de pruebas en relación con la
desaparición del marido de su amante, su causa acaba de ser sobreseída... por
falta de pruebas.
Sin límite de gastos
Un ejército de abogados
civiles y militares, ex ministros de Justicia y altos mandos castrenses de la
dictadura trabajan a tiempo completo -y sin limitación de gastos- en la
preparación de la defensa ante la justicia civil de las tres juntas.Ha
trascendido la intención de las defensas de procurar un juicio mastodóntico y
eminentemente político, anegado de truco procesales. Aunque el Gobierno radical
de Raul Alfonsín, por boca de alguno de sus ministros, ya ha anunciado su
intención de que la vista sea oral y pública, los primeros interesados en la
publicidad del proceso son los encausados; nadie duda de que procurarán desatar
una tormenta política con el propósito de desestabilizar la democracia.
Se van a tocar todas las
teclas. Videla, frío, austero, hombre de comunión diaria, ha optado por la
dignidad del silencio y su aparente indefensión; Massera, más político,
sanguíneo, objeta, pero acepta, la corte civil, y peleará ante ella. Con el
brigadier Agosti, jefe del arma aérea en la primera Junta, se jugueteará con su
estado maniaco depresivo y su complejo de persecución; del almirante
Lambruschini, triunviro en la segunda Junta, se recordará hasta la saciedad que
su hija fue asesinada por los montoneros en un atentado dirigido contra el
marino. No obstante, la principal línea de defensa radicará en el decreto
firmado por el Gobierno constitucional peronista ordenando el combate contra la
subversión "... hasta su aniquilación total".
Al margen de los nueve
junteros, otro de los principales procesados en aquella barbarie, el general
Ramón Camps, ha dado a conocer, desde la prisión militar en la que espera su
proceso, un manifiesto golpista en el que afirma que "... no pasará mucho
tiempo para llegar a una situación que hará al país ingobernable, configurando
una situación límite que apunta al establecimiento de un sistema socialista de
tipo marxista".
El general Camps estima que
el informe Sábato no es otra cosa que "el remate de la subversión que,
derrotada en el campo militar, aflora ahora en el campo político, económico y
emocional, montada en las estructuras del Gobierno".
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