La Cámara Federal de Apelaciomes asumió en la noche del jueves el
juicio de las tres primeras juntas militares argentinas al comprobar
"demoras injustificadas" en la tramitación de las causas por el
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Tres días después de asumir la
presidencia de la República, en diciembre, Raúl Alfonsín decretó el
procesamiento de los nueve triunviros ante la justicia castrense por privación
ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a detenidos. La justicia
militar, tras diez meses de papeleo, se ha negado a juzgar a sus pares
aduciendo falta de tiempo para sentenciar dentro de los plazos legales. No
obstante, el resto de las causas abiertas contra militares por presunta
violación de los derechos humanos continuarán siendo tramitadas por la justicia
militar. Parece como si el Gobierno radical de Alfonsín y la justicia castrense
hubieran acordado dejar su pulso en un dudoso empate.
Toda la
estrategia de la Unión Cívica Radical para superar las secuelas de la guerra sucia, residía en que los
militares fueran juzgados por los militares, estableciendo dos salvaguardias:
la posibilidad de apelación ante la justicia ordinaria de las sentencias
castrenses y la creación de una comisión imparcial -la Comisión Sábato- para la
investigación de la desaparición de personas. Frente a esta estrategia legal,
las madres y abuelas de Plaza de Mayo y la izquierda peronista exigían la
formación de una comisión bicameral de congresistas y senadores para investigar
y juzgar políticamente a los genocidas, y la remisión de cada caso
presuntamente penal a la justicia ordinaria.
Durante una
semana, el Gobierno de Alfonsín ha negociado duramente con el Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas barajando, además, las posibilidades de destituir a sus
integrantes o darles un plazo más prolongado para juzgar a las juntas. Los
militares se han resistido, entre grandes protestas de fidelidad democrática, a
juzgar a los primeros de sus conmilitones, aduciendo posibles fracturas en las
Fuerzas Armadas.
Ahora un fiscal y
seis jueces civiles de la Cámara Federal de Apelaciones, reunidos en una sola
sala, juzgarán a los generales Videla, Viola y Galtieri, a los almirantes
Massera, Lambruschini y Anaya y a los brigadieres del Aire Agosti, Gaffrigna y
Lami Dozo, en una vista oral y pública.
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