El presidente argentino, Raúl Alfonsín, tildó de "nostálgicos.
de la violencia" a quienes, en la madrugada del pasado martes, asaltaron
una hacienda y los tribunales de Rosario (al noroeste de Buenos Aires) robando
documentación judicial relacionada con la desaparición de personas y las
actividades de la ultraderecha militar. "Los que tienen miedo al Estado de
Derecho y al imperio de la ley -afirmó- no podrán jamás cumplir sus designios;
los que piensan que pueden arredrar al Gobierno o al pueblo no harán aflojar de
ninguna forma la fuerza moral ni del Gobierno ni del pueblo. Vamos a asegurar
el Estado de Derecho en Argentina". Horas antes, cinco hombres y una
mujer, al menos dos de los cuales vestían uniformes de la Policía Federal,
tomaron durante la noche, por asalto, la sede de los tribunales de Rosario, en
la capital de la provincia del mismo nombre, fuertemente armados y con absoluta
profesionalidad: estuvieron como mínimo 90 minutos rebuscando papeles y pruebas
testificales, tras reducir a la guardia. Sustrajeron cientos de folios
sumariales con nombres de militares, implicados en la guerra sucia contra la
subversión, decenas de armas requisadas a los grupos de tareas paramilitares y
parapoliciales y varios kilos de trotyl, el mismo tipo de explosivo utilizado
recientemente en el frustrado atentado contra el avión de Aerolíneas Argentinas
que había de trasladar a Isabel Perón a Madrid tras su última visita a Buenos
Aires.
El 19 de
septiembre, 24 horas antes de que la comisión Sábato entreagara su informe al
presidente Alfonsín, un militar retirado formuló a la Comisión Nacional sobre
desaparición de personas (Conadep) severas y documentadas denuncias sobre la
represión en la zona de Rosario. Éste ha sido el material sustraído por el
comando, tanto en los tribunales rosarinos como en la finca particular de un
militar no identificado. Se ha sabido que la citada finca era utilizada como
campo de entrenamiento para los grupos de tareas en la zona.
La reforma
militar, continua
Tanto la
efectividad de los asaltantes como las características del caso -la última
denuncia recibida por la Conadep- y hasta la propia respuesta de Alfonsín apuntan
hacia la posibilidad de que se hayan robado las pruebas que incriminarían a un
grupo operativo clandestino de las fuerzas armadas encargado de la
desestabilización, mediante la preparación y realización de atentados contra el
actual Gobierno democrático. No obstante, el programa militar de los radicales
continúa cumpliéndose, y el allanamiento de los tribunales rosarinos ha
coincidido con el comienzo formal de la disolución del Primer Cuerpo de
Ejército, dentro del plan de reestructuración de las fuerzas armadas. Por otra
parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Julio Femández
Torres, declaró en Buenos Aires, a su regreso de unagira por Estados Unidos,
que "nunca más deben las fuerzas armadas hacerse cargo del Gobierno. Esto
está metido ya con sangre". Tiene toda la razón.
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