Para abrir un juicio político al Presidente de la República
Argentina es necesario concitar a dos tercios de la Cámara de Diputados que ha
su vez ha de remitir la petición de enjuiciamiento al Senado quien tiene la
última palabra. Argentina sigue el modelo bicameral estadounidense en el que la
Cámara alta tiene preeminencia sobre la baja. A finales de este año expira el
segundo mandato presidencial de Cristina Fernández de Kichner y no es probable,
aunque sí posible, que se proceda a un “impeachment” contra la Presidenta-viuda
del país a menos que las evidencias contra ella por el suicidio-asesinato del
fiscal federal Nisman resultaran abrumadoras. Hay que tener en cuenta que la
señora K. es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. La decisión contra ella de
las Cámaras llevaría meses de truculentas negociaciones políticas que
envenenarían la próxima elección del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no
ceja es el repudio popular por el crímen y este 18, a un mes del suceso, está
convocada en Buenos Aires una marcha del silencio bajo el lema “verdad, memoria
y justicia” promovida por un grupo de fiscales. La Presidenta se encuentra en
China buscando financiación y sus problemas más urgentes son económicos. En
Argentina la sangre seca rápido y a la señora K. no le faltarían testaferros
bien remunerados que carguen con la muerte de Nisman. Además de la insólita
decisión de suspender el servicio secreto (la SIDE), el Servicio de
Inteligencia del Estado, y la huida al extranjero de su responsable, el
Gobierno peronista ha filtrado que considera al agente Antonio Stiuso como
involucrado en la muerte como parte de una facción de la Policía Federal, tan
corrompida como el resto de las Instituciones del país. La Fiscal General de la
República, Alejandra Gils Carbó, está siendo fuertemente cuestio nada por su oficialísmo, su pasividad y
hasta su ausencia del entierro de su colega Nisman. No es una asesinato más
dado que revive el atentado contra la mutual judía de Buenos Aires perpetrado
supuestamente por la Inteligencia iraní y cuya investigación fue tapada por el
matrimonio Kichner a cambio de contratos comerciales con el régimen de los
Ayatholas. La comunidad judía en el país austral es una de las más importantes
e influyentes del mundo después de Israel. El año final de sus mandatos se le
complica a la Presidente, porque a la corrupción, una inflación inconfesable y
hasta la carencia de “tampax” para las argentinas se le suma un chapucero
asesinato político. La diputada Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica, un
pequeño partido enfrentado al `peronismo, acusa a la mandataria de encubrir el
crimen, junto al Secretario de la Presidencia, Anibal Fernández, y el jefe del
Ejército, César Milani. La diputada Carrió, un referente en la política
argentina, irá a las elecciones de octubre en coalición con el
Intendente-Presidente de Buenos Aires, Mauricio Macri (derecha), muy popular
como propietario del club Boca Juniors. No es desdeñable su denuncia. En todo
caso y dada loa atomización de los partidos la próxima elección presidencial se
dirimirá en segunda vuelta entre tres fracciones peronistas. La señora K. va
poco por la Casa Rosada y, fuera de los viajes, se encierra en la residencia
presidencial de Olivos. Cuando acude al despacho lo hace en helicóptero,
parando el tráfico central de la ciudad porque el techo de la Casa Rosada no
resiste al aparato. Está enferma y padece crisis nerviosas aunque su entorno
niega un íctus cerebral. No ha podido ser Evita, y supone histéricamente que la
marcha del 18 es un golpe de Estado. El peronismo, ya se sabe: empieza por la
corrupción y acaba siempre en el cementerio.
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