El Congreso argentino aprobó en la madrugada de ayer, tras una maratoniana
y tumultuosa sesión, el proyecto de ley sindical presentado por el Gobierno,
tendente a lograr la democratización de los gremios y la representatividad de
las minorías sindicales, frente al hegemonismo peronista. Previamente, unas
10.000 personas convocadas por la CGT (Confederación General del Trabajo) y el
Partido Justicialista se manifestaron frente al Congreso, para repudiar el
proyecto e insultar ferozmente al Gobierno.
El Congreso de
los Diputados, gracias a la increíble tolerancia de su presidente, el radical
Juan Carlos Pugliese, devino en una cancha de fútbol. Durante casi toda la
sesión del viernes fueron constantes las interrupciones a los oradores
radicales mediante cánticos, eslóganes insultantes, gritos desaforados y hasta
intervenciones espontáneas desde los palcos.Afuera, el ambiente era del mismo
tenor. Unas 10.000 personas convocadas por la CGT y el partido de Perón se
concentraron frente a la fachada de la Cámara insultando al ministro de
Trabajo, Antonio Mucci, y entonando hasta la ronquera el "¡Se va a acabar,
se va a acabar, la dictadura radical!". No obstante, la manifestación fue
la más pequeña de las celebradas en Buenos Aires frente al Congreso en los
últimos 12 meses, e hizo innecesario el aparatoso despliegue policial.
Ante el fracaso
de la convocatoria, que se esperaba multitudinaria, para presionar sobre los
congresistas, Herminio Iglesias, caudillo del peronismo bonaerense, entró al
hemiciclo amparado por 50 guardaespaldas y forzando la seguridad interna del
Congreso. Levantando victorioso los brazos para saludar a los peronistas que
colmaban las tribunas, descubrió bajo su chaqueta una pistola. Ante la
evidencia de que personas armadas habían violado la Cámara, su presidente
ordenó el desalojo del público entre puñetazos y carreras que arrasaron el
saldo de dos radicales heridos y una señora privada de su bolso.
A las seis de la
madrugada del sábado, y mientras lánguidos grupos de peronistas recorrían el
fin de semana porteño tocando sus bombos y lanzando epítetos frente a la Casa
Rosada, el proyecto de ley radical fue sometido a votación y aprobado. Deberá
ser votado también por el Senado, en el que los radicales se encuentran en
minoría, y, sin duda, el Gobierno habrá de modificar partes sustanciales de su
texto para lograr en la Cámara Alta el apoyo de los pequeños partidos.
La ley sindical
radical prevé una normalización de los sindicatos intervenidos por la dictadura
militar, tan purista en su intento democratizador que establece una sanción de
medio día de jornal al trabajador que no vote en las elecciones internas de su
gremio, y otorga representación proporcional a las minorías, además de
garantizar mediante la intervención de la justicia la limpieza de los comicios
y la correcta administración de los ingentes fondos gremiales.
El peronismo ve
en esta ley el comienzo del fin de su hegemonía
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