El Ministerio del Interior argentino ha ordenado la busca y captura
del ex general boliviano Luis García Meza, ex presidente de su país y en
situación de residencia temporal en Argentina, para expulsarlo inmediatamente.
También ordenó la búsqueda de su ministro del Interior, coronel Luis Arce
Gómez, residente en calidad de asilado político, para colocarlo bajo caución de
la justicia hasta que ésta falle sobre una solicitud de extradición de Estados
Unidos. Los dos protagonistas del último Gobierno militar boliviano encontraron
refugio en Argentina gracias a los buenos oficios del ex presidente Reynaldo
Bignone.Además de presuntos crímenes de sangre, García Meza está acusado en su
país de defraudación al Estado de 22 millones de dólares, adjudicación ilegal de
tierras y de explotar yacimientos de piedras preciosas en su beneficio, además
de participar desde el poder en el tráfico internacional de estupefacientes. A
Arce Gómez se le acusa de organizar el tráfico de cocaína boliviano mediante un
grupo de narcotraficantes, denominado Las Águilas Negras, integrado por
miembros de formaciones paramilitares y del asesinato de siete militares
izquierdistas.
La medida ha sido
adoptada a las pocas horas del regreso al país del presidente Raúl Alfonsín,
tras su viaje por Venezuela y Colombia, y en la orden del Ministerio del
Interior se especifica que los dos perseguidos "han realizado con pública
notoriedad, en su país de origen, actividades contrarias al orden
constitucional" y que "el asilo político es una institución destinada
a brindar amparo a personas de conducta irreprochable cuando circunstancias
cambiantes derivadas de la situación política las ponen en riesgo de sufrir
persecuciones".
Respecto a la
prohibición de abandonar el país dictada contra el capitán de corbeta Alfredo
Astiz, presunto autor de la desaparición, tortura y muerte de dos monjas
francesas y de una súbdita sueca, todo se ha debido a una confusión, aunque la
orden permanece en pie. Quien tenía previsto viajar a Roma era el capitán de
fragata Oswaldo Astiz, comisionado para las negociaciones con Chile sobre el
canal del Beagle. El Gobierno de la provincia de La Pampa, por otra parte, ha
remitido al Ministerio del Interior copia de un radiograma hallado en sus
archivos y en el que se ordena, con fecha de 22 de noviembre de 1983, la
entrega de toda la documentación relativa a la lucha antisubversiva al comando
militar de la provincia "para su inmediata incineración".
El cable se
encontró traspapelado en una carpeta y grapado a su respuesta, firmada por el
entonces jefe de la policía de la provincia, teniente coronel Daniel Correa:
"En la fecha se procedió a cumplimentar lo requerido".
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