El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el más alto tribunal
militar argentino, inició el martes el interrogatorio de las tres primeras
Juntas castrenses enjuiciadas sumariamente por presuntas violaciones de los
derechos humanos. El primer declarante ha sido el ex presidente Jorge Rafael
Videla, que se sometió a un interrogatorio de hora y media en dependencias del
I Cuerpo de Ejército.
Ayer prestó
declaración el almirante Emilio Massera, y con posterioridad lo harán los siete
restantes enjuiciados. Los canales de televisión, en tanto, emiten varias veces
por día los anuncios del Consejo Supremo recabando de la ciudadanía la
aportación de pruebas, hasta el 23 de marzo, sobre los excesos de la represión
antisubversiva ante cualquier oficina jurídico-militar del país. No obstante
son pocos los argentinos dispuestos a entrar en un cuartel para denunciar los
excesos militares, y el déficit de aportación de pruebas ante la justicia
castrense se está enjugando con la notable acumulación de las mismas que hace
la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, organismó temporal creado
por el Gobierno y que preside el escritor Ernesto Sábato.Esta comisión acaba de
recibir copia de una carta remitida en 1980 por dos sepultureros de Córdoba al
presidente Videla reclamando mejor paga ante el exceso de trabajo nocturno a
que les obligaba el enterramiento de cadáveres NN (ningún nombre) suministrados
por las fuerzas armadas. Mientras continúa, en un goteo macabro, el
descubrimiento de centros clandestinos de detención y de fosas ilegales en los
cementerios, la justicia federal ha ordenado el procesamiento y detención del
almirante retirado Carlos Lacoste y del también retirado general Antonio Merlo,
responsables de la organización del Mundial de Fútbol de 1978, acusados de
irregularidades financieras en la gestión de aquel campeonato.
Por lo demás,
mañana, la Confederación General del Trabajo Unificada (CGT) y el Partido
Justicialista realizarán una marcha sobre el Congreso de los Diputados en
protesta por el proyecto de ley sindical enviado por el Gobierno a la Cámara.
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