El forcejeo que existe entre la CGT Unificada (Confederación
General del Trabajo) y el Gobierno argentino por la supervisión de la gestión
de los sindicatos ha quedado en suspenso hasta el regreso de Venezuela del
presidente Raúl Alfonsín -a donde acudió a la toma de posesión del presidente
Jaime Lusinchi- y su entrevista con los líderes provisionales de los
sindicatos.El ministerio de Trabajo radical está estudiando más de 4.000
denuncias sobre gestión dolosa de muchos sindicatos, y ante casos flagrantes en
los que se había llegado a enajenar inmuebles sindicales de elevado valor,
envió a varios sindicatos un delegado normalizador, una especie de fiscal
jurado de cuentas.
La respuesta de
la dirección provisional de la CGT ha sido desproporcionada e ineficaz.
Por una parte
declararon el "estado de movilización y alerta" de los gremios, lo
que no implica otra cosa que el mero enunciamiento de la llamada; por otra
parte fracasó parcialmente la orden de huelga en el transporte subterráneo de
Buenos Aires y sólo lograron paros parciales de dos horas en algunas empresas
de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado.
La escasa
respuesta obrera a las medidas de fuerza ha posibilitado la tregua hasta el
regreso de Alfonsín.
Donde han
triunfado los sindicalistas, hasta ahora, ha sido en las mismas puertas de sus
gremios, impidiendo por la fuerza el acceso de los delegados del Gobierno entre
broncas callejeras e insultos entre obreros a favor y en contra de la medida
fiscalizadora.
Por el momento,
la guerra entre los sindicatos y el Gobierno es sólo dialéctica y las dos
partes forcejean pensando en ganar posiciones de cara a la discusión de la
futura ley sindical, sobre la que radicales y peronistas han llegado nuevamente
a un punto de desentendimiento.
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