La Ley de Punto Final (20-7-2006)

A comienzos de su mandato en los años 80, el presidente de la recién recuperada democracia argentina, Raúl Ricardo Alfonsín, sufrió su 18 de julio. Coroneles que no se habían distinguido en la guerra de Las Malvinas (al contrario de los conscriptos) se pintaron la cara con unte de combate nocturno y se sublevaron en Campo de Mayo, sede del primer Cuerpo de Ejército de la República. En la Casa Rosada, haciendo un aparte entre edecanes, políticos temblorosos y guardaespaldas con metralletas, Alfonsín me confesó: «Mire Martín, no puedo procesar a todas las Fuerzas Armadas argentinas; además, no se dejan». La sabiduría. Los alzados le arrancaron la Ley de Obediencia Debida que eximía a los que obedecieron órdenes aberrantes, y la Ley de Punto Final que paralizaba nuevos procesos contra los militares. Años después, un Senado de mayoría peronista derogó aquellas leyes, pero la realidad siguió siendo la misma y los carapintadas ganaron otra vez su guerra sucia: fulanos como el almirante Massera están descerebrados por la edad en prisión domiciliaria y no hay ministro de Economía argentino que se pliegue a conceder indemnizaciones y pensiones a 30.000 desaparecidos.

Ninguna democracia iberoamericana abriría una rememoración histórica legislativa sobre sus sufrimientos pasados bajo las botas. Ni en Guatemala o El Salvador se les ha ocurrido tal ocurrencia. Se sugieren cosas raras en España, como darle una dedicación nueva al Valle de los Caídos. Por ejemplo, convertirlo en un memorial de los asesinados en Paracuellos del Jarama. Lo malo de las revisiones históricas es que todas tienen rebote y las incurias del franquismo se corresponden con las de la República. Lo peor de la II República es que no reaccionara a tiempo ante el asesinato del líder opositor José Calvo Sotelo. Es como si hoy un teniente socialista de la Policía Nacional secuestrara y diera un tiro a Mariano Rajoy, cuya vida guarde Dios muchos años. Los comunistas, que no se atreven ni a presentarse con su nombre y que tanto tienen que ocultar, activan al Gobierno para que el Consejo de Ministros de mañana active una relojería recordatoria infernal. Hasta Carrillo tira por la borda su vieja teoría ejemplar de la reconciliación nacional, por las lentejas de una revisión histórica de pacotilla. Menos mal que también a don Santiago le alcanza una de las dos amnistías de Adolfo Suárez. Pero nada impedirá a Zapatero, el jefe de los «progres», releer el franquismo, aunque no se atreva a suprimir la paga del 18 de julio. Le cabe el parafraseo de Churchill sobre Neville Chamberlain: tendréis más guerracivilismo y conseguiréis más división social.