El documento, de capitulación de los asaltantes del Congreso fue el
tema central de la sesión desarrollada ayer ante el Consejo Supremo de Justicia
Militar. Según el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, que tuvo
una destacada participación en la concreción de dichas condiciones, al realizar
el documento "se daba por supuesto" que los tenientes de la Guardia
Civil quedaban exentos de responsabilidad, al igual que los de la División Acorazada
Brunete. Según la misma declaración, el teniente coronel Fuentes llevó las
condiciones al mando, y le dijeron que estaban aprobadas. Tras esta
declaración, los abogados defensores de los tenientes procesados en esta causa
solicitaron por escrito la libertad de sus patrocinados. Por otra parte,
distintos jefes militares desfilaron ayer ante el Consejo para prestar
testimonio sobre otros asuntos, tales como las órdenes que algunos de ellos
tenían para ocupar objetivos en Madrid el 23F.
El acusado capitán de la
Guardia Civil Ignacio Román casi no entra ayer en Campamento. En libertad
provisional tras haber cumplido tres cuartos de la condena solicitada por el
ministerio fiscal, abandonó la extraña prisión y ayer en la mañana no lo
dejaban entrar. Asistió a su propio juicio con una tarjeta provisional de
invitado. Sus compañeros e inferiores, tenientes de la Guardia Civil, se pueden
ver en breves horas en la misma tesitura. El próximo miércoles -no hay vista y
se reúne para asuntos ordinarios el Consejo Supremo de Justicia Militar- se
decidirá, si el sentido común no lo impide, el denegamiento de la credencial a
Pedro J. Ramírez, director de Diario 16, y la libertad provisional de los
tenientes de la Benemérita procesados en esta causa.Desde el comienzo de la
vista, abogados políticos
y profesionales habían
coincidido en el serón repleto de posibilidades procesales que ofrecía el
llamado pacto del capó. Las hectáreas de memoria que genera
este proceso no recogen una sola jornada en la que unos u otros abogados no
hayan insistido en el hecho de que los tenientes de la Guardia Civil estaban
siendo procesados, en tanto los tenientes de la Acorazada estaban en sus casas.
No es como para reprochar a las defensas que se hayan sujetado a ese obenque;
hacen muy bien desde el momento en que el asunto -ese supuesto agravio
comparativo Guardia Civil Ejército- está empozoñado desde antes del inicio del
proceso. Y los errores del Plenario arrastran los Iodos de la vista oral. El
agravio comparativo no reside en la presencia como encausados de los tenientes
de uniforme verde, sino en la ausencia de los tenientes de caqui con el
anagrama y la tanqueta en la manga izquierda. Y, tampoco hay que olvidarlo, de
los números de la Guardia Civil, protagonistas del asalto al Congreso y
alegremente exonerados de cualquier responsabilidad.
Apertura de desagües Pero
éste parece ser el signo de esta causa: no sólo no se desvelan nuevos hechos,
sino que se abren desagües para que por ellos desaparezcan presuntos
implicados. Algún día este error se cobrará su precio en moneda política
contante y sonante. Salva Paradela (un letrado menor, defensor de un teniente)
dio la cara final solicitando como cuestión previa, al comienzo de la sesión
vespertina, la libertad provisional de estos oficiales, teniendo en cuenta que
para él, como para todos, los valores más preciados del ser humano son la vida
y la libertad. Hay que reconocer que cuando alguno de los letrados de los
presuntos golpistas drena su corazón, aterciopela la voz y habla de libertad, a
todos se nos abren las carnes.
Los involucionistas de todo
pela e pueden reencontrarse con una de sus frases propagandísticas preferidas:
"¡Libertad, libertad; cuantos crímenes se cometen en tu nombre!"
El testigo teniente coronel
Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, de la división de Inteligencia del Estado
Mayor del Ejército (que ha volado desde Argentina a Madrid para deponer en este
juicio; estaba haciendo un curso en Buenos Aires) dio pie a la removida general
sobre los tenientes de la Guardia Civil. Gómez de Salazar, íntimo amigo de San
Martín y Pardo Zancada, es el hombre que en la mañana del 24 de febrero se
ofrece voluntario para extraer de su impasse el pudrimiento del Congreso
secuestrado. Busca de Pardo Zancada y de Tejero condiciones negociables de
rendición, toma notas para su propio recordatorio en un papel del Congreso, que
luego sería firmado por los secuestradores y por el general Armada sobre el
capó de un jeep y tenido como documento de capitulación. Gómez de Salazar
aparece dolido en el supuesto de que acaso su nerviosismo en aquel momento le
hizo equivocar su sentido de la sintaxis, hasta el punto de que en tal documento
aparecieran los tenientes de la Acorazada como exentos de culpa y los de la
Guardia Civil implicados. Puede dormir tranquilo por cuanto ayer, el consejero
togado teniente general Ballesteros, después de un complicado interrogatorio
fiscal, le hizo la pregunta-clave:
-Teniendo en cuenta que se
encuentra bajo sagrado juramento, ¿usted tiene conciencia de que en el pacto de
rendición se estipulaba igual trato para los tenientes de la Acorazada que para
los de la Guardia Civil?
-El mismo.
Tras esta intervención de un
consejero y después de lo escuchado sesión a sesión, a pocos nos quedó la duda
de que los tenientes de la Benemérita podían ir haciendo sus petates,. La
inversión de la realidad, como en un espejo, acababa de ser lograda. Ya será
difícil que estos hombres, algunos de los cuales se distinguieron en la toma
del Congreso por actitudes especialmente desdeñosas, chulescas y amenazadoras,
se vean sometidos a todos los rigores de la Justicia. Por el momento se
encuentran a las doce menos cinco de ser declarados exentos de responsabilidad.
La teoría de los tenientes
de la Benemérita está distorsionada desde los autos. A pocos les cabe en la
cabeza la validez jurídica del pacto del capó, firmado por otro encausado en
representación de más altas instancias y, en cualquier caso, obtenido bajo
presión de las armas. Quiere: presentarse este papel -no es exageración, es
comentario extraprocesal- como si se tratara de la rendición firmada por el
almirante Doenitz ante el general Eisenhower.
Como si el 23 de febrero este
país estuviera en estado de guerra, diplomáticamente declarada, entre dos
potencias: de un lado España, de otro Tejero, Pardo Zancada y Camilo Menéndez,
como potencias derrotadas. Hasta como broma es excesivo. Las autoridades que el
23 de febrero bregaron por restablecer la normalidad en la nación utilizaron
-como era su deber- todos los subterfugios a su alcance, pero ninguno puede
obligarles -ni aún apelando a un honor militar del que los rebeldes empezaron
por dimitir- a suscribir ahora en libertad lo que aceptaron bajo tan tremenda
coacción.
No hace faIta ser una
lumbrera del Derecho para tener por enjuiciables a todos -guardias incluidos-
los que aquella noche vapulearon el honor del país vejando a sus
representantes. Y tan dignos de juicio son los tenientes de este o de otro
cuerpo castrense; a ninguno les libera el libre albedrío que reconocen las
Ordenanzas Militares y que impide la comisión de delitos amparada en la cómoda
manta de la obediencia al mando natural. De lo contrario las actas de Campamento
pasarán a la historia de la jurisprudencia occidental por ser las que
rectifican y mejoran los criterios judiciales sentados en el proceso de
Nuremberg. La especulación de Casablanca El resto de la jornada fue ringlera de
jefes militares, de los que sólo cabe destacar el talento expositivo de Gómez
de Salazar y Pardo de Santayana -este último empeñado en el recordatorio del
supuesto papel del Rey en aquel ruido de sables- y el rumrum que atronaba
Campamento (familiares y letrados) sobre la figura penal del extrañamiento;
escribir, como la vieja Grecia, el nombre de algunos encausados en la concha de
una ostra y arrojarla al mar. A este respecto se especula con la supuesta
adquisición de una casa en Casablanca (Marruecos) por la familia del general Armada.
La expectativa procesal
reside en que el jueves (día más, día menos) termine el desfile de testigos; el
fiscal puede entonces reclamar sus 48 horas de reflexión y dar comienzo el
viernes su lectura de conclusiones definitivas, que, a lo que parece, no será
una pieza legal globalizada sino pormenorizada sobre los encausados que le
queden.
Nota bene.- Una especie de comisión de esposas de
encausados me buscaba ayer por Campamento. Son las mismas que se toman la
evidente molestia de recabar fondos militares para reponer los sueldos de los
encausados mermados por su condición de justiciables. Estaban quejosas por una
alusión sin importancia a la vida sexual de la extraña prisión. La dignidad de
tales señoras ni puedo ni quiero ponerla en precario -su mal trago es evidente
y merece compasión y respeto-; pero desde Reich, Freud o Froom, la dignidad en
las sociedades avanzadas no se pierde detrás de una puerta púdicamente
entornada.
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