La Iglesia católica argentina comienza a medir las distancias que
la han separado de los centros de decisión gubernamental, tras unos meses de
silencio. Aunque Raúl Alfonsín es católico, se le reprocha que el día que tomó
posesión de su cargo como presidente sustituyera el tradicional tedéum en la
catedral metropolitana por una función de gala en el teatro Colón, y que en su
entorno de colaboradores proliferen agnósticos e incluso ateos confesos, cuyas
actuales esposas sólo lo son ante los jueces paraguayos o uruguayos.
Las primeras quejas expresas de los obispos se han centrado en la
política cultural de los radicales y la supresión de la censura cinetriatográfica.
Carlos Gorostiza (hermano de la actriz Analía Gadé), secretario de Estado de
Cultura, ha despertado apocalípticas críticas episcopales al declarar su
intención de financiar el cine argentino con los impuestos recaudados por la
exhibición de cine porno.
"No se puede financiar la cultura con la pornografia", le han
replicado. Mayor importancia tienen las menciones, todavía veladas, sobre el
silencio de la Iglesia católica argentina durante los años de la guerra sucia, la
tortura y la muerte. El escritor Ernesto Sábato, que preside la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas, ya ha denunciado ese silencio
eclesial, doblemente culpable dada la influencia de la jerarquía católica en el
país: una palabra de la Iglesia hubiera detenido la matanza y la tortura. Ni
siquiera el Ejército argentino, cuyos oficiales deben profesar por ley la fe
católica, hubiera osado enfrentarse a la Conferencia Episcopal.
Sacerdotes en las prisiones
Por el contrario, la Comisión Nacional sobre Desaparición de
Personas ha recabado pruebas sobre la presencia de sacerdotes en los centros
clandestinos de detención, para impartir socorro espiritual a las víctimas de
la picana eléctrica. Finalmente, la política radical de apoyo a las
reivindicaciones de la mujer (el voto femenino e decisivo en la derrota
peronista) es temida por la jerarquía eclesiástica como posible camino a una
ley de divorcio. En materia de costumbres, el radicalismo argentino es notablemente
conservador, y la policía reprime a los muchachos que piden la legalización de
la marihuana.
Pero la escritora María Elena Walsh y otras dos destacadas
feministas han logrado del Gobierno radical algo probablemente sin precedentes
en el mundo: una hora diaria en el canal de televisión del Estado. Su programa, La cigarra, expone
el punto de vista feminista sobre todos los problemas del país.
Raúl Alfonsín acaba de anunciar, además, el envío al Congreso de un
proyecto de ley equiparando los derechos de los hijos legítimos e ilegítimos y
otorgando a las mujeres la patria potestad compartida con los padres, todavía
únicos detentadores del derecho, aun cuando contrajeran ,segundos o terceros
matrimonios civiles fuera del país.
Son los problemas ante los que la Iglesia católica argentina ha
empezado, con admonitorios carraspeos, a recuperar la voz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario