El proceso contra las juntas
militares argentinas que gobernaron el país entre 1976 y 1982 podría acortarse
en varios meses si el fiscal Julio César Strassera renuncia a la presentación
de numerosos testigos. Esta posibilidad comienza a considerarse en medios de la
fiscalía de la Cámara Federal de Apelaciones. Por una parte, los militares
hasta ahora interrogados en calidad de testigos han desconocido unánimemente la
desaparición, tortura y muerte de personas y carece de sentido proseguir con
esta línea de interrogatorios que desembocan en una pared de negativas,
ignorancia y masivas lagunas mentales.De otra parte, la testificación
exhaustiva de los supervivientes de los campos de exterminio ha alcanzado ya a
ciudadanos de varias provincias, a niños, adultos y ancianos, a impedidos
físicos de ambos sexos, a miembros de diversos partidos políticos legales
argentinos y a políticos y a profesionales de los más diversos gremios; la
fiscalía estimaría innecesariamente acumulativa la continuación exhaustiva de
estos interrogatorios.
La reducción del fiscal de
su lista de testigos podría situar el final de la vista oral del proceso y las
vísperas de las sentencias en el mes de agosto y no en octubre o noviembre,
como se calculaba en un principio. Aunque los ayudantes del fiscal niegan la
menor influencia del Gobierno sobre su estrategia, es patente la preocupación
de la Unión Cívica Radical por el calendario del proceso.
En el mes de noviembre se
celebrarán elecciones legislativas parciales (un tercio de las dos Cámaras) que
serán indicativas de la nueva toma de posición del electorado, tras 23 meses de
Gobierno democrático; para esa fecha ya se conocerá el éxito o el fracaso de la
economía de guerra implantada por el Gobierno y se especula con la conveniencia
de aproximar a noviembre las sentencias.
Finalmente, el juicio es un
gigantesco aventador de basura que algunos estiman necesario recortar; desde el
comienzo de la vista oral del proceso, han quedado severamente mal paradas la
Iglesia católica, los dirigentes sindicales de la Confederación General del
Trabajo, el periodismo, la judicatura, la banca, el empresariado y, por
supuesto, las Fuerzas Armadas.
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