Juristas de la máxima
confianza del presidente argentino, Raúl Alfosín, estudian una futura ley de
punto final, que pueda ser promulgada inmediatamente después de las sentencias
contra las tres primeras juntas militares, previstas para los meses de agosto o
septiembre próximos. Esta ley evitaría el juzgamiento en cascada de cientos de
militares relacionados con la represión ilegal; juzgamiento, por otra parte,
inviable, dado que las fuerzas armadas no tienen la menor intención de dejarse
procesar en masa. Dónde colocar el punto final a los juicios de Buenos Aires
es, precisamente, la mayor preocupación institucional y jurídica del Gobierno
radical.
En anteriores estudios
jurídicos -desechados- se establecía una amnistía para quienes participaron en
la guerra sucia contra la subversión, amnistía de la
que quedarían excluidos los nueve triunviros de las tres primeras juntas y una
lista pequeña de jefes y oficiales distinguidos por su personal y pública
ferocidad. La nueva variante en estudio descartaría la amnistía -en el
entendimiento de que determinados crímenes no pueden ser amnistiados ni
olvidados- y se orientaría hacia una interpretación casuística del principio
militar de obediencia debida.Se insistiría en la tesis de cargar la mayor parte
de las responsabilidades en las cúpulas castrenses que diseñaron la represión
como un trabajo de estado mayor, y, de ahí para abajo, sólo se sometería a
proceso a los jefes, oficiales y suboficiales directamente comprometidos con la
comisión de atrocidades tales como torturas, violaciones u homicidios
cualificados. El resto de la tropa, aun cuando se encontrara inmersa en la
comisión de actos ilícitos, sería exonerada por obediencia debida.
El presidente Alfonsín
intentaría así hallar una salida digna, un punto
final consecuente,
posibilista y no demasiado alejado de la justicia, a las presiones que está
recibiendo de parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos
-particularmente las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para enjuiciar
pormenorizadamente a los culpables, y de la nueva cúpula militar que acepta el
procesamiento de las juntas, pero se resiste a que los procesos se extiendan a
los mandos intermedios o inferiores.
Galtieri y Menéndez
La sesión del juicio contra
las juntas celebrada el pasado jueves colocó en la picota a los generales
Leopoldo Galtieri y Benjamín Menéndez. Galtieri, ex presidente de la República,
responsable de la ocupación de las islas Malvinas, profesionalmente torpe -el
único oficial latinoamericano que suspendió el curso estadounidense de la
Escuela de las Américas-, enfermo, alcohólico, populista, de trato simpático,
apoyado en su prestancia física -se creía el Patton del Cono Sur por su
parecido con el actor George Scott, que encarnó al general norteamericano en la
pantalla-, quedó malparado. Su mejor defensa residía en que cuando asumió la
presidencia de la penúltima junta, la represión ilegal prácticamente había
cesado por consunción. Ya no había más que matar, y los asesinos serían en todo
caso sus antecesores en el cargo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario