Primero fue el almirante Franco, jefe de la
Armada; ahora acaba de hacerlo el teniente general Cristino Nicolaides, jefe de
las tropas de Tierra. En la ciudad de Tandil, durante una gira de inspección,
ha declarado enfáticamente que "el Ejército nunca jamás volverá a derrocar
a un Gobierno constítucional". Sólo falta ya el representante del Aire en
la Junta para completar este triunviro de desdén hacia la intervención militar
en los asuntos civiles.Sin embargo, no es exactamente un convencimiento de las
bondades de la democracia lo que subyace en estas declaraciones de los miembros
de la Junta, sino el reflejo de las desgarraduras internas y la animadversión
popular en que han caído los militares. Los mejores de entre ellos no quieren
otra cosa que aislarse por unos años en los cuarteles para reconstruirse y
restaurar su imagen.
Pero éste
es también el temor de los líderes políticos: que ahora los militares se
desembaracen de una situación social y económica caótica que han creado y no
saben resolver, y vuelvan frescos por sus viejos fueros en cuanto la democracia
parlamentaria comience a desgastarse. Lo que acaba de declarar pesinústa y
cínicamente Jorge Luis Borges en Nueva York: "Ganarán los peronistas y
habrá otro golpe militar".
De ahí que
los partidos vayan sugiriendo la necesidad de reformas en la institución
militar. Cambiar su enseñanza y sus costumbres para que nunca más el militar
argentino crea, como hasta ahora, que el colofón de su carrera es la
presidencia de la nación o, en su defecto, de una multinacional.
Raúl
Alfonsín, líder radical y precandidato presidencial, ha solicitado cambios
profundos en la organización de las Fuerzas Armadas y el abandono de la teoría
de la frontera ideológica (que tan importante como la frontera
geográfica es el frente interior), y el sector más moderado del
peronismo ha pedido que se suprima el cargo de comandante en jefe y que el
escalafón militar acabe en el jefe de Estado Mayor de cada arma.
Dado que
para los militares argentinos la no ingerencia en el poder civil consiste
fundamentalmente en que los civiles no se ocupen de los asuntos militares, la
prueba de fuego de la cercana democracia argentina consistirá en ver si el
futuro presidente se atreve o no a designar una nueva cúpula militar. Y la
actual Junta pretende seguir dirigiendo el Ejército después de la entrega del
poder.
La ley
electoral
Nicolaides
acaba de advertir a los políticos que "deben reflexionar bien" antes
de propiciar reestructuraciones en las Fuerzas Armadas. Pero la mejor arma de
la Junta es la ley electoral que está elaborando el ministro del Interior,
general Reston, y la posibilidad de propiciar reformas constitucionales. El
presidente Reynaldo Bignone insiste en que sólo a petición de los partidos se
modificaría la Constitución y que la ley electoral se está consultando con las
fuerzas políticas.Es verdad, pero los militares ya han sugerido los siguientes
cambios: Ballotage (segunda vuelta en las elecciones) y elección directa del
alcalde de Buenos Aires. No han necesitado más; la discordia devora a los
líderes partidarios. El ballotage es una de las pocas esperanzas que tienen los
radicales de triunfar sobre el peronismo, y la posibilidad para los restantes
partidos (siempre a gran distancia de los dos grandes) de
tener alguna influencia en el proceso electoral.
Los más
prudentes, empero, estiman que una segunda vuelta de las elecciones partirá en
dos al país entre peronistas y antiperonistas. El caso es que los militares
mantienen un diálogo interesado con los partidos a base de amenazas que darán
como primer resultado aún una mayor debilidad de la clase política argentina.
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