Desde la noche del domingo, el Ejército chileno
patrulla las calles de las ciudades para hacer respetar el toque de queda sobre
circulación de automóviles que, aun estando vigente, había caído en desuso. Los
peatones pueden circular libremente en la noche, pero los vehículos, entre las
2 y las 5.30 de la madrugada, sólo pueden hacerlo bajo autorización especial.
Esta queda para coches, ha sido ampliada y se ha encargado al Ejército de
exigir rigurosamente su cumplimiento.
Estas
medidas, junto con la detención de otros tres dirigentes sindicales (los
dirigentes sindicales agrícolas Opazo y Oróstica y el de la construcción
Troncoso), más los despidos en las minas de cobre (que se elevan oficialmente a
3.300) y la militarización de las explotaciones, revelan claramente que el
régimen se encierra aún más en su bunker.Los mineros de Chiquicamata deberán
declararse hoy en la huelga, aun cuando las condiciones de su protesta son
dificiles. Chiquicamata es una explotación aislada en los desiertos safitrosos
del norte del país, virtualmente bajo ocupación militar y con un sindicalismo
dividido respecto a las prácticas de lucha contra el régimen.
Precisamente
para coordinar a todos los gremios se está gestando aceleradamente una
multísindical. Hugo Estivales, segundo de Rodolfo Seguel en la dirección
sindical del cobre, anunció el sábado en conferencia de prensa que "el
comando nacional de trabajadores -que agrupa a los sindicatos más agresivos
políticamente- se plegará activa y combatientemente al comando multigremial que
será formado por todos los hombres del trabajo de Chile".
En la misma
alocución, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Cobre,
Roberto Carvajal, reiteró que nuestra demanda básica sigue siendo el
restablecimiento de la democracia. La confederación quiere señalar que el
encarcelamiento de nuestro presidente Rodolfo Seguel, los despidos masivos de
trabajadores, la declaración de zona bajo control militar de las minas, la
represión y el amedrentamiento es la respuesta que el Gobierno ha dado a las
demandas de los trabajadores".
Por su
parte, el general Enrique Montero, ministro del Interior, al anunciar las
nuevas medidas represoras insistió en la absoluta prohibición de las
actividades políticas.
Sobre el
regreso de exiliados los analistas del pinochetismo carecen de esperanzas. No
es la primera vez que Pinochet anuncia medidas de generosidad para la
readmisión de ciudadanos, y las experiencias anteriores indican que en un año
podrían reingresar al país unos 500 chilenos sobre un total de 70.000. Además,
en el norte y en el sur del país existen comunidades de desterrados por el
Gobierno, con residencia obligatoria en pueblos del desierto o de los glaciares
australes, sobre quienes nadie ha prometido nada. En algunas de estas comunidades
se han iniciado huelgas de hambre.
El fin de
semana en Santiago ha sido un continuo trajín de reuniones clandestinas, con la
CNI (Central Nacional de Investigaciones) pisando los talones a líderes
políticos y sindicales que han aplazado citas, viajes, reuniones sociales,
descansos, para diseñar urgentemente una estrategia común ante la resaca que
está dejando la segunda jornada de protesta del pasado martes y preparar la del
11 de julio, que coincidirá con el aniversario de la nacionalización del cobre
por el Gobierno de Unidad Popular de Salvador Allende. La Multipartidaria,
siempre en un deliberado segundo plano, y el Comando Nacional de Trabajadores,
como punta de lanza, no quieren forzar el tren de la protesta y bucan continuar
sometiendo al régimen a una demolición por desgaste lenta y controlada, que
separe a Pinochet y su guardia de duros de la jefatura más sensata de las
fuerzas armadas.
Los
santiaguinos, finalmente, han arrebatado las entradas para escuchar a Joan
Manuel Serrat el próximo primero de julio en el teatro Napolitano. La
retransmisión del recital ha sido desaconsejada desde la Moneda.
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