Wilson Ferreira, dirigente
del Partido Nacional o Blanco uruguayo, cumplió ayer cinco meses en prisión.
Ferreira fue detenido el 16 de junio, en Montevideo, al regresar a su país tras
11 años de exilio. El equipo de abogados que vela por él -que incluye al ex
presidente del Gobierno español Adolfo Suárez, expulsado recientemente del
país- alberga pocas esperanzas de que el dirigente blanco sea puesto en libertad antes de la
jornada electoral del 25 de noviembre.
El comandante del
acuartelamiento de Trinidad, a 200 kilómetros de Montevideo -donde Ferreira se
encuentra recluido-, decidió celebrar la fecha pasando una factura a la familia
de 18.000 pesos (unas 60.000 pesetas) por la manutención del detenido, alegando
carecer de fondos en su cuartel para seguir alimentándole.
No se trata de una broma,
dado que la sugestiva legislación penitenciaria de la dictadura obliga a los
presos a sufragar todos los gastos de su estancia en la cárcel. No obstante, la
familia y sus abogados han rechazado la factura alegando que Ferreira aún no ha
sido juzgado y menos condenado por sentencia firme. El Estado Mayor del
Ejército tendrá así que habilitar una partida especial para las tres comidas
diarias de Ferreira.
Pasada su causa de la
jurisdicción militar a la Corte Suprema de Justicia, siete magistrados deberán
pronunciarse sobre la nulidad del proceso, al haberse iniciado éste estando
Ferreira fuera del país, o por la revocación del mismo. El propio presidente de
la Corte Suprema, Juan Silva, duda de que Wilson Ferreira pueda ser liberado
antes de los comicios.
La liberación del líder blanco es un asunto político, y se está
tratando como tal. Su aparición en el último tramo de la campaña electoral le
garantizaría los votos necesarios para que su partido quedara el segundo en
Montevideo, tras el Frente Amplio.
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