La publicación por una revista porteña, El Periodista de Buenos Aires, de
los 1.351 nombres involucrados por el informe
Sábato en
presuntas violaciones de los derechos humanos, supone un nuevo factor de
alteración en la ya tensa política argentina. En particular, la inclusión en el
listado de Pío Laghi, actual nuncio del Vaticano en Estados Unidos, ha
levantado sarpullidos en vísperas de un plebiscito sobre el diferendo con Chile
por el canal de Beagle, basado, precisamente, en una propuesta mediadora de la
Santa Sede.El informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición de
Personas (Conadep), más conocido porinforme Sábato, quedó celosamente guardado el pasado 20 de
septiembre en cajas de seguridad del Estado argentino y en entidades bancarias
del exterior. Un breve resumen del mismo, de 15 folios, fue dado a conocer
entonces a la Prensa, y otro resumen más amplio, de unos 400 folios, está a
punto de ser publicado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires bajo el
título de Nunca más.
Paradójicamente,
la tecnología de punta ha hecho saltar el hermetismo del Gobierno: una cinta de
ordenador fue filtrada a El
Periodista de Buenos Aires, con
los nombres del informe
Sábato, desatando
la tormenta. El deglose del listado es preocupante: 322 jefes, oficiales y
suboficiales del Ejército, entre ellos el general Víctor Pino, actual
comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, acantonado en Rosario, y del general
Aníbal Verdura, también en actividad; coroneles recientemente ascendidos con el
respaldo del Senado democrático de la nación; 62 miembros de la Armada y 26 del
Ejército del Aire; 15 clérigos encabezados por Pío Laghi y los arzobispos
Antonio Plaza y Blas Conrero, más el sacerdote Federico von Wernich, ex
capellán de la policía bonaerense y confesor del ahora detenido general Ramón
Camps, también conocido como el carnicero
de Buenos Aires.
De entre el
bosque desconocido de suboficiales, policías federales y provinciales,
gendarmes, miembros del espionaje del Estado o de la Alianza Anticomunista
Argentina (Triple A), pueden extraerse distinguidas figuras de la represión,
muy públicas, y en algunos casos procesadas y en prisión preventiva: los
generales retirados Donmingo Bussi, René Azpitarte, Gumersindo Centeno,
Santiago Martella, Omar Riveros, Bautista Sasiain, Edgardo Vilas y Suárez Maso
(huido), todos ellos ex comandantes de Cuerpo de Ejército; el general Camps, ex
jefe de la policía de Buenos Aires, los generales Ibérico Saint Jean y
Bartolomé Gallino, que fueron gobernadores bonaerenses; el contraalmirante
Chamorro, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, el no menos
tristemente célebre capitán de corbeta Alfredo Astiz; tres brigadiers generales del Aire -Salinas, Santuchone y
Cabrera-, el ex jefe del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Ataliba; 30 médicos
militares, el último ministro de Defensa de la dictadura, Félix Camblor, el
último embajador en Francia, Gerardo Schamis, y hasta tres periodistas:
Guillermo Aronin, Luis María Castellanos y Víctor Lapegna.
Las consecuencias
de esta revelación anticipada y exenta de matizaciones pueden ser nefastas para
la credibilidad jurídica delinforme Sábato si,
como parece inevitable, muchos de los implicados sólo lo son por testimonios o
deducciones indirectas. De resultar así las cosas, éste podría ser el objetivo
final de la filtración periodística.
La presencia de religiosos
Hasta ahora el
Gobierno no ha dicho una palabra sobre la revelación de la lista secreta, y no
se ha producido otra reacción que la vaticana en socorro de uno de sus primeros
diplomáticos y, con menor énfasis, de los sacerdotes denunciados como
asistentes espirituales de los chupaderos donde se aplicaban tormentos a los
detenidos. En Argentina es un secreto a voces -lo han relatado los
supervivientes- el que muchos torturados recibían auxilio espiritual, tras las
sesiones de picana eléctrica, por parte de mansos sacerdotes que les instaban a
declarar para poner fin a sus suplicios. Pero ahora el secreto a voces tiene
nombre y apellidos.Especialmente delicada es la situación de Antonio Plaza,
arzobispo de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires), vinculado a la
extrema derecha del peronismo y amigo personal de Herminio Iglesias,
patibulario jefe del justicialismo bonaerense. El otro clérigo supuestamente
implicado, el arzobispo de Tucumán, Blas Conrero, falleció en 1982 y no puede
justificarse. Plaza tampoco lo ha hecho.
Pero donde la
sorpresa roza lo insólito es en el caso de Pío Laghi, nuncio del Vaticano en
Argentina entre 1974 y 1980. Durante su estancia en Argentina, Pío Laghi
equipará reiteradamente la violencia terrorista con el terrorismo del Estado,
llegando a justificar este último por razones de autodefensa y de aplicación de
los recursos extremos de la ley. En junio de 1976 el diplomático vaticano giró
una visita oficial y de cortesía a las tropas que en Tucumán y, dentro del
llamadoOperativo Independencia, aniquilaron a la guerrilla rural del
trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El caso es que el informe Sábato recoge dos testimonios -los 1.276 y 0440- de
detenidos que afirman haber visto al Nuncio de amable visita en el centro
clandestino de detención Ingenio Nueva Baviera, en Tucumán.
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