Los uruguayos acuden el próximo domingo a las urnas para elegir a
su presidente, a sus parlamentarios y a sus alcaldes, por primera vez desde
1971 y tras 11 años de dictadura militar. Entre los nueve candidatos a la
presidencia de la República Oriental del Uruguay, sólo tres cuentan con
posibilidades de lograrla: Julio Sanguinetti, por el Partido Colorado; Alberto
Zumarán, por el Partido Blanco, y Juan Crottogini, por la coalición
izquierdista del Frente Amplio. En los comicios destacan las ausencias de figuras
políticas como el blanco Wilson Ferreira y el frenteamplista Líber Seregni.
Los militares uruguayos podrían llegar a inspirar cierta ternura de
no ser por la sangre derramada, los sufrimientos, la ruina económica y el
tiempo perdido. Dueños prepotentes de una llanura de 170.000 kilómetros
cuadrados, apenas poblada por dos millones y medio de habitantes, y desplegando
unas fuerzas armadas profesionales de 68.000 hombres, con más coroneles que cabos
y más generales -proporcionalmente- que Estados Unidos, no han hecho otra cosa
en los últimos 12 años que perder todas su batallas interiores.Instalaron en el
país -en el paisito-
una de las dictaduras menos sangrientas, pero más obtusas, del Cono Sur,
cimentada en policías, confidentes, rencores, mezquindades, ciudadanos de
primera, segunda y tercera categorías, según su fiabilidad política,
represalias laborales contra los desafectos" pago de la estancia en la
cárcel por los presos políticos, crueldad penitenciaria consideración de los
presos como rehenes del Estado, asesinato de exiliados en la otra orilla del
río de la Plata, control generalizado del correo y del teléfono y una censura
de Prensa que en algún morriento llegó al absurdo de prohibir la difusión de
información política nacional.
No obstante, en un caso sin
precedentes en la historia de las dictaduras, los militares uruguayos
patrocinaron un plebiscito y unos comicios partidarios, y perdieron ambos. En
1980, convocaron un referéndum para modificar la Constitución y establecer una
democracia tutelada. Votó el 85% del electorado y un 58% de los sufragios
emitidos lo fueron contra el proyecto. Dos años después convocaron elecciones
internas en los tres partidos tolerados -Colorado, Nacional (Blanco) y Unión
Cívica (derecha de la democracia cristiana)-, para ver cómo quedaban
estrepitosamente derrotados los candidatos oficialistas a manos de la oposición
frontal al régimen.
Preocupados por una Administración
urbana demostrativa y detallista, a la postre muy femenina, de continuas
inauguraciones de placitas, jardincillos, fuentes y monumentos, los uniformados
erigieron en la plaza montevideana del Ejército un descomunal monolito cuya
cima recordaba sospechosamente a un falo. A la mañana siguiente fue preciso
colocar guardia armada al monumento, mientras cuadrillas de obreros rascaban
con arena la gran pintada: "Esta es la pija que los militares le metieron al pueblo".
Poco después inauguraron un costoso monumento a la bandera, en cuyo mástil
izaron una gigantesca enseña especialmente fabricada en el Reino Unido por una
acreditada firma de velámenes, que flameaba a la menor brisa. Al día siguiente
les habían robado la bandera.
Con una deuda externa de cerca de
6.000 millones de dólares (las exportaciones, a la baja, apenas superan
losI.000 millones de dólares anuales), visiblemente empobrecido el país incluso
en el centro montevideano, y convencidos los militares, al fin, de que el
pueblo uruguayo, muy civilizado y culto, no entiende otra forma de gobierno que
la democracia por sufragio universal, la dictadura se retira.
Problemas para el futuro
Los militares, en vez de establecer
con los partidos políticos un acuerdo para preservar su impunidad (sólo hay 17
desaparecidos y los asesinatos dentro y fuera del país y los homicidios en los
penales y centros de tortura costará probarlos judicialmente), han organizado
unas elecciones sembradas de trampas inútiles y problemas gravísimos para el
inmediato futuro democrático.
Así, a los comicios del próximo domingo
no concurre el Partido Comunista con su propio nombre, al estar proscrito,
aunque lo hace bajo el lema de Democracia Avanzada; su secretario general,
Rodney Arismendi, que acaba de poner fin a su exilio en Moscú, tampoco puede
ser candidato. El general Líber Seregni, presidente del Frente Amplio
(Democracia Avanzada, Partido Socialista, Izquierda Democrática Independiente,
Partido Demócrata Cristiano y Lista 99, una escisión por la izquierda de los
colorados), no puede optar a la candidatura presidencial y le representa el
ginecólogo Juan Crottogini, su compañero de fórmula en las elecciones de 1981.
Wilson Ferreira Aldunate,jefe de la Mayoría Nacional o blanca, continúa preso en un cuartel a 200 kilómetros
de Montevideo, esperando la nulidad de su procesamiento por presunta traición a
la patria. Su vicario electoral es un oscuro hacendado -Alberto Zumarán-,
llamado a desempeñar el papel que Héctor Cámpora jugó en Argentina respecto a
Juan Domingo Perón en caso de triunfo electoral blanco, con la previsible convocatoria de unas nuevas
elecciones verdaderamente libres.
694 presos políticos
Miles de partidarios del Frente Amplio
permanecen políticamente proscritos y no pueden ser candidatos (sólo el Partido
Colorado de Julio María Sanguinetti no ha sufrido trabas electorales: su
persona y su partido son los preferidos de la dictadura en su condición de lo menos malo) y al menos 3.000 exiliados no pueden votar al
estar reclamados por la supuesta comisión de delitos por convicción. Los
militares se han negado a decretar una amnistía y han accedido sólo a liberar a
411 presos políticos con la mitad de la pena cumplida. En prisión quedan 694,
entre ellos el legendario fundador de los tupamaros, Raúl Sendic. De las tres
grandes figuras de la política uruguaya -Sanguinetti, Ferreira y Seregni-, dos
no pueden ser elegidos y están representados porvicarios. El futuro embrollo es seguro.
Sin embargo, todas las precauciones
anteriores no satisfacen la cicatería y medrosidad militares. Hace tres meses,
en el Club Naval de Montevideo, la dictadura saliente impuso a los partidos
Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica -el Partido Nacional no participó de las
conversaciones y hasta se retiró de la Multipartidaria tras la detención de
Wilson Ferreira al regresar al país el 6 de junio- un pacto de cinco puntos
previo a la convocatoria electoral: constitución de un Consejo de Seguridad
Nacional en el que participen los militares, en minoría, junto a las
autoridades civiles; control militar de los ascensos hasta marzo de 1986; creación
de la figura jurídica del estado de insurrección; vigencia de todos los decretos de la dictadura
hasta que sean aprobados o rechazados por plebiscito en noviembre de 1985; y
mantenimiento de la proscripción de Ferreira, Seregni y el Partido Comunista hasta
el 1 de marzo de 1985, fecha de la entrega del poder a las autoridades electas.
Por lo demás, Montevideo es una fiesta
de pasquines, mítines, marchas y cánticos bufos contra el presidente, general
Gregorio Goyo Álvarez, sin que la gendarmería se moleste en dar un palo al
agua. La izquierda levanta libremente el puño y se denuncia por radio y
televisión el pacto del Club Naval. El paisito camina hacia su libertad condicional.
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