Los candidatos para la presidencia y la vicepresidencia de las
cuatro principales agrupaciones políticas de Uruguay firmaron conjuntamente una
Concertación Nacional Programática (CONAPRO) sobre temas generales que
afectarán al futuro Gobierno democrático.
Los firmantes
-partidos Colorado y Blanco, Frente Amplio y Unión Cívica, (escisión por la
derecha del Partido Demócrata Cristiano, integrante del Frente)- alcanzaron
acuerdos en materia de restablecimiento de todas las libertades, retorno de
exiliados, vigencia de los derechos humanos, levantamiento de proscripciones,
política de vivienda y salud, autonomía de la universidad e independencia del
poder judicial.
No alcanzaron
consenso, y así lo exponen en el documento, sobre la organización legal de la
educación general, la futura legislación sobre relaciones laborales, la ley de
seguridad del Estado y la amnistía para presos políticos. Sobre este último
punto, blancos y
frentistas son
partidarios de una amnistía inmediata e irrestricta, mientras quecolorados
y miembros de la
Unión Cívica optan por una amnistía limitada completada posteriormente con
indultos individuales y libertades anticipadas.
En cualquier caso
es voluntad de los partidos firmantes la institucionalización de la CONAPRO,
gane quien gane los comicios del 25 de noviembre, para dar solidez legislativa
al primer Gobierno democrático.
Pese a los
correosos ataques mutuos, el diario El día, portavoz del Partido Colorado, publicó ayer un
editorial que denuncia el carácter meramente político de la detención del líder blanco Wilson Ferreira. La noche anterior al menos
60.000 personas recorrieron la Avenida 18 de julio hasta el obelisco
montevideano clamando por la libertad de Ferreira y de todos los presos
políticos.
En tanto, a cinco
días del fin de la campaña electoral, arrecian los ataques contra el Partido
Comunista, integrante del Frente Amplio, en un intento de alarmar al electorado
ante una supuesta e inminente sovietización del país. Rodney Arismendi,
secretario general del PCU, que acaba de regresar de su exilio en la Unión
Soviética, adonde fue deportado por la dictadura en 1975, está siendo acusado
de salvar la vida por haber entregado a los militares los archivos de su
partido.
El PC uruguayo
niega categóricamente estas acusaciones. Lo cierto es que la embajada soviética
en Montevideo exigió en su día el buen trato y la liberación de Arismendi, con
el sólido argumento de que es la URSS el principal comprador de la lana
uruguaya.
Los máximos
mandos del Ejército de Tierra de Uruguay han consultado a los coroneles en
actividad su opinión acerca de las responsabilidades castrenses durante la
dictadura y la estrategia corporativa a seguir en el futuro.
Los coroneles
declinaron pronunciarse como colectivo y, a título individual, coincidieron en
que la responsabilidad en cualquiera de los hechos ocurridos correspondería a
quien dio entonces las órdenes y no a ellos, que por ocupar grados inferiores
no fueron consultados.
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