Los obispos argentinos rechazan los intentos de exculpación de la Junta Militar en el poder (1-5-1983)

Continúan desgranándose críticas y condenas al documento de la Junta Militar sobre guerra antisubversiva y desaparecidos. Ni una sola voz se ha alzado para justificarlo, excepción hecha del teniente general Videla (instaurador del proceso en 1976), quien ha roto un prolongado silencio para decir que el documento "está hecho con amor" y que "es justo".

A título personal, la condena de los obispos ha sido unánime:"No es parejo -el documento- al referirse al accionar subversivo y cuando examina la represión ejercida" (obispo de Morón).

"Es falso e inmoral. Decirse cristiano y no admitir la doctrina cristiana es una falsedad que está catalogada en el mismo Evangelio como hipocresía. La gran verdad es que los argentinos hemos padecido tanto más por la represión que por el terrorismo. En definitiva, la represión se ha convertido en un terrorismo de Estado" (obispo de Río Negro).

"Existe una diferencia notable entre la reconciliación que propugna la Junta Militar y la que recomienda la Iglesia" (obispo de Kilmes).

"No dice la verdad, oculta la realidad y llama al error sobre lo que fue un plan previamente elaborado y metódicamente ejecutado mediante secuestros, torturas, frecuentemente realizados en lugares castrenses previamente designados y que concluyeron con gran número de muertes" (obispo de Neuquén).

"Respira una soberbia totalmente reñida con el Evangelio" (obispo metodista Bonino).

La mayoría de la jerarquía católica, en suma, ha reprobado el documento militar y ha ido algo más allá en su compromiso cristiano que en la declaración episcopal recientemente publicada y en la que también se aludía a los desaparecidos.

Políticos, sindicalistas, intelectuales, se han puesto al fin de acuerdo en el guirigay preelectoral argentino: hay que remitir a los jueces los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión por la dictadura militar.

El resbalón de la Junta sólo es explicable desde la perspectiva de su desorientación y desmoralización tras el fracaso en las Malvinas.

Y después de la corrupción moral que implica los desaparecidos, queda aún por estallar la económica que ha embarrado a una oficialidad dedicada desde hace siete años a gerenciar industrias de bienes y servicios. Ahora mismo están en prisión preventiva varios jefes del Ejército presuntamente implicados en una estafa de adulteración de gasolina desde empresas estatales. No obstante, fuentes castrenses admiten que el Ejército sigue estudiando una ley de amnistía para antes de octubre.