La policía aeronaútica,
policía federal y el juez de Lomas de Zamora -municipalidad del aeropuerto
internacional de Ezeiza- continúan investigando infructuosamente la autoría del
sabotaje al avión de línea que debía trasladar a España a Isabel Martínez de
Perón. Han sido interrogados una veintena del centenar de operarios que
trabajaron el viernes en el jumbo de Aerolíneas Argentinas con destino
Río de Janeiro-Madrid-Ginebra, pero hasta el domingo no se habían practicado
detenciones.Cabe descartar que el atentado fuera dirigido contra el ministro de
Trabajo, Casalla, o el delegado presidencial para la negociación con los
sindicatos, Barrionuevo, dada la escasa protección policial que disfrutan los
altos funcionarios del Gobierno de Alfonsín. Como afirma el senador por la
Pampa, Berhongaray, "a los funcionarios del Gobierno radical se les puede
asesinar en cualquier esquina".
Por otra parte, las
organizaciones armadas revolucionarias argentinas -principalmente Ejército
Revolucionario del Pueblo y los Montoneros- ya fueron aniquiladas por la
dictadura militar, y sus jefes sobrevivientes han autocriticado el error
histórico que representó el terrorismo de izquierda en el país y han acatado
públicamente la legalidad democrática.
Se ha confirmado, asimismo,
la sofisticación tecnológica del detonador atmosférico de los 400 gramos de
trotil exógeno colocados en el tren de nariz del Jumbo y las dificultades para
su colocación subrrepticia. El atentado, en suma, no parece haber sido obra de
un grupo terrorista convencional.
La profesionalización de los autores del complot y la
desmesura del mismo (habrían perecido 300 personas junto a la viuda de Perón y
los dos altos funcionarios radicales) expanden la sospecha de que las
autoridades de Ezeiza no descubrieron la bomba en un exceso de celo vigilante,
sino gracias a una información previa. Los conspiradores, según esta hipótesis,
sólo habrían intentado alardear de su poder.
Dirigentes radicales
comentan que el atentado ha sido un mensaje de la ultraderecha para el
presidente Alfonsín.
Debe recordarse que hasta el
propio Gobierno se encuentra alarmado por las conclusiones del informe final de
la Comisión sobre Desaparición de Personas, que es durísimo para las Fuerzas
Armadas en su conjunto.
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