El general de división retirado Reynaldo Bignone, presidente de la
última Junta Militar argentina, será juzgado por tribunales castrenses por sus
supuestas responsabilidades en la desaparición de tres soldados en 1976 del
Colegio Militar de la Nación que entonces dirigía el jefe del Estado que
entregó el poder a los civiles.Bignone fue detenido y procesado por el juez de
instrucción Carlos Oliveri, quien investiga la desaparición de los soldados
Daniel García, Pablo Steinberg y Mario Molfino. Algunos testigos presenciales
afirmaron que recibieron atención médica previa a la tortura en el propio
Colegio Militar y que Bignone admitió ante terceras personas que la
desaparición de dichos soldados fue debida a un error de información. "En
toda guerra siempre hay víctimas inocentes", comentó.
El abogado del
presidente, un ex ministro de Justicia de la dictadura, apeló a la Corte
Suprema reclamando el fuero militar para su defendido. Por mayoría simple la
Corte accedió a la petición, teniendo en cuenta las reformas recientemente
introducidas en el Código de Justicia Militar, que hacen revisables todas las
sentencias por la justicia civil federal.
Reynaldo Bignone,
detenido en Campo de Mayo (cuartel general del Ejército argentino en las
proximídades de Buenos Aires) ha quedado así a disposición del Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal militar y se considera inminente su
puesta enlibertad provisional a la espera de su juicio. Sus camaradas de armas
serán, sin duda, más clementes con él que un juez federal, aunque también debe
considerarse que Bignone, a la postre, fue la imagen de la transición a la
democracia, que ha sido siempre un militar profesoral y que, al margen de sus
presuntos delitos, no personifica la barbarie militar argentina.
Tras el fallo de
la Corte Suprema puede seguir los mismos pasos la causa contra el ex
presidente, teniente general retirado, Roberto Eduardo Viola -sucesor de Videla
y predecesor de Galtieri-, por la desaparición de Alfredo Giorgi, miembro del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
La detención de
Viola se basa en un documento firmado por él y facilitado a la justicia civil
por el Ministerio de Defensa, en el que el ex presidente ordena, en mayo de
1979 en una directiva secreta, "...la acción militar directa para proceder
a la detención y/o eliminación de elementos marxistas, ideólogos y
activistas...".
Por otra parte,
se ha aplazado por 30 días la publicación del informe final de la Comisión
Nacional Sobre Desaparición de Personas, que preside el escritor Ernesto
Sábato. La demora se debe a la necesidad de armar la voluminosa documentación
recabada, que servirá para precisar las circunstancias de la desaparición de al
menos 10.000 personas.
El pantano
judicial es de considerable profundidad, especialmente si se tiene en
consideración el entrecruzamiento de las causas militares con las civiles.
Hasta el momento los procesamientos incoados por el Consejo Supremo de las
Fuerzas Armadas -tanto los relativos a la guerra sucia, como los que atañen a
la pérdida de la guerra de las Malvinas- amenazan con eternízarse en su fase
sumarial. El presidente Alfonsín ha impartido instrucciones para que se
agilicen los procesos.
No obstante, una
cierta lentitud puede ser bien considerada desde el Gobierno y la oposición
peronista para dar tiempo a que cicatricen algunas heridas y para que los
juicios no se vean en un clima revanchista. Otro elemento de preocupación es
que la hipotética dulzura de las sentencias castrenses puda ser apeladas ante
la justicia federal, orginando un nuevo enfrentamiento entre la sociedad civil
y la militar.
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