El país se encuentra en paz.
Nadie da un adarme por la fidelidad del Ejército de Tierra a las instituciones
democráticas. Y de la Armada y de su jefe de Estado Mayor, Ramón Arosa, sólo se
espera que continúen guardando su espeso silencio. Sólo del brigadier Crespo y
de su Fuerza Aérea cabe recabar algún centímetro de lealtad y seguridad
institucional. El presidente, Raúl Alfonsín, y su ministro de Defensa, Horacio
Jaunarena, analizaron ayer la nueva conformación de la cúpula militar, dirigida
por el general José Dante Caridi, ex jefe del V Cuerpo de Ejército, y el
general Fausto González, segundo en la cadena de mando.
Caridi está reclamado por la
justicia civil de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, por
supuestos delitos contra los derechos humanos. González estaba comandando la
primera brigada operativa de paracaidistas en el III Cuerpo de Ejército, en
Córdoba, y, durante escasas horas, sustituyó al relevado general Fichera al
mando de la primera agrupación de tropas del país. Son dos generales seguros para las instituciones republicanas
democráticas.A las 18.40 de la tarde del martes, el coronel Enrique Rodríguez
Coronel obtuvo la rendición del comandante Jorge Durán, que había sublevado en
la mañana el regimiento de Ingenieros de Salta. Durán y sus rebeldes aducían
que el presidente Alfonsín había traicionado supuestos pactos con el ex
teniente coronel Aldo Rico, sublevado durante la Semana Santa en la Escuela de
Infantería de Campo de Mayo, y que desconocía la autoridad de Caridi como nuevo
jefe de Estado Mayor del Ejército. Fue desarmado, preso y pasado a tribunales
militares sin mayores problemas.
La jornada deparó otros
sustos: sublevaciones de regimientos en Tucumán, también al norte del país, y
de unidades acantonadas en el propio Campo de Mayo, cuartel general del
Ejército argentino y en los aledaños de la Capital Federal. Se trataba de
sublevaciones secas que no explicitaron su rebeldía aunque
el Gobierno tenía conocimiento de su actitud intelectual ante la democracia.
Pretensión de amnistía
El Ejército de Tierra
argentino, en su totalidad, pretende una amnistía para sus jefes y para toda la
oficialidad que ha pasado o está por pasar por los tribunales a causa de la
guerra sucia contra la subversión de izquierdas, y no hay uniformado argentino
dispuesto a empuñar las armas contra camaradas rebeldes.El mayor problema al
margen de la sublevación de Salta se produjo en San Miguel de Tucumán, hacia la
frontera boliviana, donde el Regimiento XIX de Infantería al mando del teniente
coronel Ángel León reclamó el nombramiento del general Augusto Vidal como jefe
del Estado Mayor del Ejército en lugar del designado general Caridi.
El comandante de la V
Brigada de Infantería con asiento en Tucumán, el coronel Nestor Cassina, y su
segundo el comandante Arturo Palmieri, han pedido y obtenido su pase a retiro
por descontento con la actual política de Defensa.
El Estado Mayor del Ejército
difundió ayer dos comunicados; por el primero se enumeraban ad nauseam las guarniciones quepermanecían leales
al Gobierno; por el segundo se afirmaba que "han confirmado absoluta
normalidad las guarniciones militares que la fuerza posee en todo el país. El
Estado Mayor del Ejército pone en conocimiento de la población, ante versiones
infundadas que originan confusión en la opinión pública, que han confirmado
absoluta normalidad las guarniciones militares de la República".
No obstante, las noticias
del martes sobre la lealtad de reductos militares en Bahía Blanca, en el sur
atlántico de la Capital Federal y en la Escuela para Apoyo de Combate General
Lemos, de Campo de Mayo, eran por lo menos preocupantes. Por otra parte, una
poderosa bomba de trotyl pudo ser desactivada a tiempo en las puertas del
domicilio cordobés del ex comandante Barreiro, actualmente en paradero
desconocido.
El país se encuentra en
absoluta normalidad, pero choqueado por el planteo militar. Madres y abuelas de
la Plaza de Mayo han sondeado las embajadas de España, Francia., Suecia y
Bélgica por la hipotética necesidad de solicitar refugio político, siendo en todos
los casos favorablemente atentidas. Julio César Strassera y Moreno Ocampo,
fiscal general y fiscal adjunto de la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional -los que enviaron a prisión a las tres primeras juntas
militares- se encuentran en visita oficial en la República Dominicana y han
recibido ofertas de asilo político.
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