La depresión para quienes
aman este país era el martes algo más que una inclinación de la naturaleza:
casi una obligación moral de sensibilidad ciudadana. Aquellas "¡felices
pascuas!" con que Alfonsín saludó a sus compatriotas al regreso de su
aventura en Campo de Mayo, aquel "la casa está en orden; vayan a besar a
sus hijos" quedaba demolido por el comandante Jorge Alberto Durán que
sublevaba su V Regimiento de Ingenieros de Salta, otra vez con la pamema de que
se alzaba no contra el Gobierno constitucional pero que desconocía al nuevo
jefe de Estado Mayor José Caridi, sustituto del retirado general Héctor Ríos
Ereñú.La jornada del lunes fue nuevamente infernal y todos los políticos, los
periodistas nacionales, los corresponsales, nos decíamos en privado lo que nos
negábamos, por voluntarismo o por prudencia, a admitir públicamente o por
escrito: que el Ejército de Tierra argentino estaba sublevado por acción u
omisión. Eso sí, llenándose la boca de unas extrañas manifestaciones de
fidelidad constitucional dobladas por no menos raras afirmaciones de que cada
alzamiento era una cuestión interna y privada del Ejército.
Gobierno debilitado
Así las cosas, nada ha
vuelto a la normalidad por más que durante media jornada de ayer ninguna unidad
del Ejército de Tierra haya decidido alzarse en armas. Pero los uniformados de
tierra han logrado sembrar la confusión y debilitar notoriamente al Gobierno
constitucional. Pasado el ojo del huracán, los militares argentinos no se
sienten para nada frustrados y sonríen de oreja a oreja. Es cierto que no
querían derrocar al Gobierno -todavía no pueden- pero han querido empujarlo y
manosearlo. Y lo han conseguido.Han logrado, cuando menos, extender la
confusión sobre supuestas concesiones del poder civil hacia los sublevados de
la Semana Santa. Uno de los argumentos esgrimidos y aireados por enviados
especiales bien intencionados pero desconocedores de la política argentina
reside en la presentación hoy, jueves, de un dictamen de Juan Octavio Gaona,
procurador general de la Nación, sobre la obediencia debida y sus alcances.
Siempre suponiéndose que este dictamen mejoraría la situación procesal de
numerosos militares.
El dichoso dictamen no tiene
nada que ver con los últimos acontecimientos militares. El dicho dictamen se
planteó dentro de la causa seguida contra el ex general Ramón Camps, el carnicero
de Buenos Aires, ex jefe de
la policía bonaerense durante la dictadura. Sus subordinados y procesados, el
comisario Miguel Etchecolatz, el médico policial Jorge Bergés y el cabo primero
de la policía federal Norberto Cozzani, a través de sus abogados defensores,
solicitaron este dicho dictamen en procura de una exculpación por obediencia
debida. El procurador Gauna, que tiene ojos y oídos, aceleró su dictamen, que
aún ignora este corresponsal, por si así podía contribuir a la pacificación de
los ánimos castrenses.
Pero sea como fuere y por
más que la ciencia jurídica del procurador Gauna sea mucha, se ignora cómo se
podrá conciliar la obediencia debida con la aplicación de corriente alterna a
los fetos de las embarazadas. No será este dictamen el que salve a determinados
militares y policías de la cárcel por comisión de delitos aberrantes contra las
personas.
La segunda iniquidad
difundida ha consistido en que el presidente Alfonsín negoció y pactó con el ex
teniente coronel Aldo Rico, en Campo de Mayo, ofreciéndole promesas y perdones.
Esta versión interesada pretende rebajar hasta la situación de mero teatro el
gesto imprevisto del presidente de exigir personalmente la rendición
incondicional de los sediciosos.
También han logrado los
rebeldes otra parte de sus objetivos. El presidente, por la cadena nacional de
radiotelevisión, se ha visto obligado a dar explicaciones sobre sus actos en
Campo de Mayo y se ha tenido que rebajar hasta pedir a sus edecanes presentes y
testigos de su conversación con Aldo Rico la corroboración de sus palabras.
"Sería demencial", dijo Alfonsín, "que yo hubiera negociado con
Rico la composición de la cúpula del ejército".
Presumiblemente el Gobierno
cometió un error admitiendo la solicitud de pase a retiro del general Héctor
Ríos Ereñú. Hubiera sido más inteligentesostenella y no enmedalla y mantenerle en su cargo por algunas
semanas o meses. Pero desde meses atrás Ereñú era un cadáver militar y en
estado de avanzada descomposición. Permanecía encerrado en su despacho del
edificio Libertador como un zombi,
sin comunicación con los jefes de los cuerpos de ejército, absolutamente
alejado de los cuadros medios de su tropa y, además, enfrentado hasta el punto
de no dirigirse la palabra con el brigadier del Aire Ramón Crespo, su par en la
Fuerza Aérea y quien mejor podía ayudarle.
A Ríos Ereñú, más que al
intocable Alfonsín, le estaban montado un golpe por su supuesta pasividad y
entreguismo ante los juicios militares, y se daba cuenta, y ante el peligro
inminente quedó en estado catatónico. Es verdad que existía un clamor en el
Ejército contra su persona -el clásico traidor vendido al poder civil- pero su
sustitución por el general José Segundo Dante Caridi no se ha llevado a cabo
por ningún pacto ni concesión gubernamental a los sublevados. Tal es así que la
broma militar emergió nuevamente el pasado martes.
El enfado castrense por la
designación de Caridi no obedece sólo a su reconocida lealtad por las
instituciones democráticas -aunque tiene pendiente una causa por violación de
derechos humanos en los tribunales de La Plata, capital de la provincia de
Buenos Aires, que deberá atender en los primeros días de junio- sino que su
nombramiento no obliga, por menor antiguedad en el mando, al retiro del general
Alais, comandante del II Cuerpo de Ejército y encargado por el Gobierno de
reprimir a Aldo Rico, atrincherado en Campo de Mayo.
Alais, 100 kilos en uniforme
de combate, estuvo haciendo turismo por los alrededores de Campo de Mayo
asegurando prepotentemente que iba a tomar la escuela de infantería. Él sabía
que sus subordinados no tenían la menor de las intenciones de disparar un solo
tiro contra las tropas de Aldo Rico, pero se pavoneó atendiendo a los
periodistas, sorbiendo mate, y ganando tiempo hasta lograr hartar al presidente
y a sus propios conmilitones. Dante Caridi le ha pasado a retiro, por decisión
propia, junto a otros dos generales.
El pivote de esta semana de
pasión ha girado sobre el ex comandante Barreiro y sobre Aldo Rico, con el
resto de las Fuerzas Armadas silenciosamente cómplices. Barreiro es un nazi,
desagradable hasta físicamente, el gran interrogador de La Perla, el chupadero principal de Córdoba. Oficial de
inteligencia, dirigía los interrogatorios y dio picana personalmente y
descapuchado. Tiene un sumario a sus espaldas por seis presuntos homicidios y
quienes le conocen le tienen por capaz de lograr la erección y la eyaculación
observando una sesión de tortura.
Aldo Rico es otra historia y
otro personaje. Este hijo de asturianos emigrados superó por poco los exámenes
de la escuela militar de la nación tras haber trompeado a un superior.
Hiperactivo, se graduó con los rangers estadounidenses.
En las Malvinas llevó a cabo
acciones más arriesgadas. Combatió permanentemente tras las líneas inglesas y
después de la rendición del general Menéndez exigió el fusilamiento del
gobernador general de las islas y de sus tres generales inmediatos
subordinados. Las condecoraciones que se le otorgaron por su desempeño en la
campaña fueron congeladas por la última Junta Militar y desheladas y otorgadas
por la Administración democrática de Alfonsín.
Pero se lo pidió el cuerpo y en una noche bajó con dos
regimientos de infantería desde su guarnición de Misiones, en la frontera
brasilera, hasta Buenos Aires, Campo de Mayo y la Escuela de Infantería en la
que se atrincheró.
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