En la primera mayoría
absoluta socialista el Vicepresidente Alfonso Guerra dio cruel muerte a
Montesquieu. La separación de poderes Legislativo-Ejecutivo-Judicial
establecida por el barón de Secondat es una piedra sillar de la democracia como
el sufragio universal individual y secreto, o el “Habeas Corpus” o la
inviolabilidad del domicilio. Eso de que el Legislativo, del que emana el
Ejecutivo, interfiera al Poder Judicial es una mandanga latina de la que no se
han contaminado los anglosajones, siempre más serios. No solo el PSOE sino toda
la clase política compró la burra de Guerra, y es un alivio que doña Soraya nos
anuncie que hay freno y marcha atrás. El Consejo General del Poder Judicial
apareció un día en el Boletín Oficial del Estado como “Conejo General del Joder
Judicial”. Era una errata malintencionada. Habrá que poner el “tipex” sobre la
Constitución porque el trabajo del agónico CGPJ puede llevarlo una dirección
general de Justicia con diez funcionarios, y no sería más dependiente del
Gobierno. Pero bien está devolverlo a sus orígenes y que los jueces elijan a
los suyos. Para el Tribunal Constitucional la Vicepresidenta anuncia cambios
interesantes pero no sustanciales: que los magistrados cesen con su jubilación.
Algún día el TC será suprimido porque se ha convertido en un tribunal de
casación del Supremo. Este abrirá una Sala de lo constitucional y recuperará su
nombre: Supremo, última instancia. La Constitución de los Estados Unidos es la decana de las escritas por lo mucho que
ha sido enmendada. Pero corregir la nuestra de 1978 exige consenso entre los
partidos y otro clima socioeconómico. Vamos para largo.
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