Julio María Sanguinetti,
ganador de las elecciones celebradas el pasado 25 de noviembre, juró ayer como
presidente constitucional de Uruguay. Fueron testigos de la ceremonia medio
millar de personalidades -ocho jefes de Estado y de Gobierno entre ellas-
llegadas de los cuatro puntos cardinales del globo para asistir a la entrada de
El Paisito en la democracia. "Esta República, que nació para la
democracia, ha vivido 11 años de gobierno de facto, y ello no ocurrirá más",
dijo Sanguinetti en el atestado hemiciclo del Parlamento urguayo.
Seguro de sí mismo, sin leer
una sola línea, Sanguinnetti reafirmó ante senadores, diputados y
representantes de 72 delegaciones su compromiso de defender la democracia
recién recuperada por el país. "En todos los casos, toda nuestra voluntad
y energía va a estar volcada a ese objetivo supremo", dijo. "Esta
República, que nació para la democracia, ha vivido 11 años de Gobierno de facto, y ello no ocurrirá más"."En
unos minutos asumiré el mando supremo de las fuerzas armadas", que, dijo,
"si han ocupado el poder de la nación, ahora van a defender la
Constitución", palabras que fueron acogidas con una gran ovación en el
hemiciclo.
"Para los uruguayos la
democracia es una verdad de destino", señaló más adelante recordando a
Ortega y Gasset para quien tal tipo de verdad "es la que no se discute
sino que se asume", manifestó el presidente uruguayo.
Tras reconocer las
dificultades que le aguardan por delante al país, Sanguinnetti concluyó su
intervención con un canto a la esperanza y a la solidaridad. "Hoy,
atravesados los laberintos de la soledad, nos encaminamos hacia una nueva etapa
de cooperación y de solidaridad con todos los pueblos del mundo, aquí
representados por los mandatarios y estadistas que nos acompañan".
Sanguinetti, cumplió, apenas
unos minutos después de su toma de posesión, una de las las promesas
electorales, al decretar la rehabilitación de todas las fuerzas políticas y
sindicales proscritas por la dictadura. El caso más relevante de estas medidas,
es la legalización del Partido Comunista de Uruguay, alineado dentro de la
Coalición Izquierdista Frente Amplio, según da fuerza opositora.
Uno de los primeros
problemas con que se ha de enfrentar la renacida democracia uruguaya, además
del de la grave crisis económica, a la que se refirió en su discurso
Sanguinetti, es el recortar los actuales efectivos de las Fuerzas Armadas. Juan
Chiarino, presidente de la conservado la Unión Cívica y ministro de Defensa in péctore, aseguró ayer que serán reducidos los
70.000 profesionales que integran el Ejército uruguayo. El primer paso
significativo de la política militar del Gobierno de Julio María Sanguinetti
será la confirmación en su cargo del comandante en jefe del Ejército, teniente
general Hugo Medina.
Pactos previos a las
elecciones democráticas suscritos en el Club Naval de Montevideo entre las
fuerzas armadas y los partidos Colorado, Unión Cívica y la coalición de
izquierdas Frente Amplio establecieron la garantía castrense de que los jefes
de las tres armas permanecerán en sus puestos hasta finales de este año.
No obstante, el general Hugo
Medina dejó hace una semana estupefactos a los uruguayos declarando que si se
volvieran a producir las circunstancias políticas de 1973 los militares
volverían a dar un golpe de Estado Vaya en honor de la verdad que el general
Medina ha probado repetidas veces no saber expresarse en público y que fueron
los periodistas quienes, acorralándole con sus preguntas, obligaron al jefe
uruguayo a expresarse con sinceridad. Fue una torpeza más que una provocación.
No obstante, la permanencia o no de los actuales comandantes en jefe indicará
el grado de tutelaje de las fuerzas armadas sobre la democracia renacida.
El debate sobre la amnistía
Muchos otros detalles
confirman este tutelaje, como la imposibilidad de sancionar rápidamente la
amplia amnistía política o el hecho de que los dos jefes de la oposición,
líderes de sus respectivos partidos y jefes de sus minorías parlamentarias,
Wilson Ferreira (Partido Nacional) y general Líber Seregni (Frente Amplio), no
hayan podido ser legisladores ni puedan aparecer en el futuro inmediato en el
Parlamento. Antes de finales de año la legislatura debe proceder a reformar la
Constitución y hacerla sancionar en referéndum; muchos esperan la ocasión de
reparar la injusticia histórica cometida con los dos hombres que firmemente
resistieron la dictadura, uno desde la cárcel, otro desde el exilio.
Respecto a la amnistía, el
debate parlamentario ha quedado interrumpido en sus comienzos por los fastos de
la toma de posesión de Sanguinetti. El Gobierno ha presentado al Parlamento un
proyecto de pacificación nacional, que excluye explícitamente a los condenados
por homicidios intencionales consumados, por los que fueron condenados en
juicios irregulares -más de 3.000 personas fueron sentenciadas durante la
dictadura por los tribunales militares- muchos de ellos, tupamaros todavía en
prisión. A pesar de ello, ayer Sanguinnetti manifestó ante el Parlamento su
esperanza en que llegue a predominar un espíritu de pacificación.
El presidente Sanguinetti,
acaso forzado por el alud de votos derechistas aportados a su triunfo por el ex
presidente Jorge Pacheco Areco, prepara un Gobierno fuertemente conservador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario