La brusca recaída de la
situación económica y social argentina -que podría medirse, por ejemplo, en las
tres huelgas de gremios importantes que se cumplen cada día, el índice
creciente de la inflación, el mínimo aumento de salarlos (inferior en un 40% a
la subida de los precios) o el descenso a la mitad del superávit en la balanza
comercial- ha obligado al Partido Radical, en el Gobierno, a buscar casi con
desesperación "el necesario acuerlo social y político" para
consolilar el sistema, tal como lo define el presidente, Raúl Alfonsín.
Pero esa coincidencia, que
se ásinuó a comienzos del año en las relaciones del Gobierno y los sindicatos,
cuando Alfonsín nombró ministro de Trabajo al dirigente gremial peronista Carlos
Alderete, parece nuevamente a punto de fracasar. El llamado "paquete de
leyes laborales", impuesto como condición por los sindicalistas para
reemplazar a la legislación que regía durante la dictadura, todavía no fue
aprobado por el Congreso.
Después de ser votado
favorablemente en la Cámara de los Diputados, la intensa presión de todos los
empresarios, reunidos por primera vez para enfrentar al Gobierno y a los
sindicatos, detuvo los proyectos de leyes en el Senado. El debate en esa Cámara
fue postergado hasta después de las elecciones parlamentarias del 6 de
septiembre.
Liberalización salarial
Alfonsín no firmó tampoco el
decreto que iba a autorizar por fin la discusión libre de salarios y
condiciones de trabajo, y les aseguró a los empresarios que vetaría los
artículos conflictivos. Según ellos, las leyes "otorgan demasiado poder en
las empresas y fábricas a las comisiones internas de trabajadores, y atentan
contra la inversión y la producción". En realidad, la disputa no hace más
que poner en marcha los mecanismos reflejos de una clase empresarial
históricamente especuladora y poco comprometida con la democracia. Estas nuevas
leyes laborales que ahora pretenden modificar no son comparables siquiera a las
de países desarrollados, ni a las que el Parlamento argentino aprobó en 1974,
cuando el país atravesó entonces otro breve período democrático.
La otra punta del acuerdo
que busca Alfonsín se demoró por ahora hasta después de las elecciones del 6 de
septiembre. Pero la campaña electoral transcurre con una calma notable. Resulta
evidente que los dirigentes radicales y peronistas evitan lanzarse con los
tradicionales agravios, Y admiten en cambio la necesidad de la cooperación
cualquiera que sea el resultado en las urnas.
Profundos cambios
Alfonsín anticipó a los
líderes de la llamada "renovación peronista" -que han conquistado al
fin su partido y mantienen una buena relación con la nueva generación de
dirigentes sindicales una serie de medidas que indican "profundos
cambios" en la gestión política de su Gobierno. El presidente argentino,
que aspira a la reforma constitucional y a su reelección como primer ministro,
sabe que tras estas elecciones empieza la cuenta regresiva hacia las generales
de 1989, donde se decide su estino.
La deuda externa y la
alianza táctica de la ultraderecha civil, militar, económica y eclesiástica son
los brazos y manos que ahogan sus aires de libertad.
