El Gobierno argentino lleva hasta sus últimas consecuencias los juicios por casos de represión (31-12-1983)

Ocho de los nueve integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron la República Argentina a partir del golpe de Estado de marzo de 1976 han sido formalmente encausados ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como presuntos responsables de la desaparición de personas, privación ilegítima de la libertad de los ciudadanos y aplicación Sistemática de tormentos a los detenidos.El jueves comparecieron ante la suprema corte marcial los tenientes generales Jorge Videla y Roberto Viola (ambos ex presidentes de la República), el almirante Armando Lambruschini y el brigadier del Aire, Omar Graffigna; ayer lo hicieron el teniente general Leopoldo Galtieri (también ex presidente), el almirante Jorge Anaya y los brigadieres orlando Agosti y Basilio Lami Dozo.

Individualmente fueron informados del decreto gubernamental que ordena su enjuiciamiento sin que la corte marcial abundara en otros trámites.

Ninguno de los altos jefes militares encausados accedió a hacer declaraciones a la Prensa y sólo a la salida del brigadier Omar Graffigna se produjo un incidente mando una mujer de edad se acertó a su automóvil y comenzó a reputarle a grandes voces de asesino, siendo a su vez duramente increpada por un funcionario. del alto tribunal militar.

El almirante Eduardo Emilio Massera permanece en prisión incondicional sin fianza, en el apostadero naval de El Tigre, acusado de entorpecer la labor de la justicia en la causa abierta por la desaparición del empresario Fernando Branca, marido de su amante.

Massera deberá obtener antes autorización de la justicia civil para comparecer físicamente en el consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y recibir la notificación de su nuevo procesamiento.

Silencio expectante

No hay un solo comentario en los medios de comunicación argentinos y podría hablarse de estupor y hasta de incredulidad en una, sociedad regida a sangre y fuego por sus fuerzas armadas hasta hace escasas semanas.

El radicalismo argentino, fuertemente; influido por el krausismo español, tiene algunas características singulares desde el punto de vista civil (acaba de suprimirse por decreto el, tratamiento de excelentísimo para el presidente y sus ministros, en el entendimiento de que son servidores' del pueblo y no pueden estar socialmente sobre él) y exhibe una suerte de empecinamiento casi suicida en cumplir los compromisos adquiridos. Y de esta terquedad radical cabe esperar que, lentamente, la exigencia de responsabilidades a los milita res por sus atrocidades llegue hasta sus últimas consecuencias.

El Gobierno argentino deroga la ley de autoamnistía dictada por la anterior Junta Militar (29-12-1983)

El Gobierno argentino promulgó en la noche del martes la ley, previamente sancionada por el Congreso y el Senado, que deroga la ley de Pacificación Nacional, dictada por la anterior Junta Militar. la llamada ley de autoamnistía es derogada "por inconstitucional e insanablemente nula", y la ley que la deroga es la primera firmada por el presidente Raúl Alfonsín.

Inmediatamente después de quedar derogada la ley de autoamnistía, el Ministerio de Defensa comunicó oficialmente al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el decreto de procesamiento contra los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron el país desde marzo de 1976.Bajo un aplastante "golpe de calor" (40 grados y 90% de humedad), continúan removiéndose los cementerios de¡ gran Buenos Aires, en busca de nuevos enterramientos clandestinos. La oleada de denuncias parece imparable y en muchos casos son los propios enterradores quienes informan de la ubicación de las inhumaciones.

Once cadáveres en el cementerio de Moreno, 15 en el de Rafael Calzada, y, bajo el calor, se sigue picando los osarios. Son restos de hombres y mujeres inhumados entre 1976 y 1978. 14 esqueletos tienen las manos amputadas y la mayoría de las calaveras presentan orificios de bala o lesiones por golpes. Algunos restos se descubren con grandes crucifijos colgados al cuello.

Un enterrador de Rafael Calzada confesó que los cadáveres llegaban a las seis de la mañana, trasladados por soldados de las tres armas que obligaban a excavar fosas de hasta dos metros de profundidad. Los cadáveres eran enterrados en bolsas de plástico que siempre estaban húmedas. El enterrador recuerda que un soldado le explicó: "Es que cuando los quemamos se mean todos".

Un concejal radical por Florencio Varela (Buenos Aires), bombero voluntario entre 1976 y 1978, ha denunciado enterramientos clandestinos en su pueblo y ha narrado algún detalle del horror: "Entre las cinco y las seis de la mañana se recibía un llamado del oficial de guardia de la comisaría de la zona para avisarnos que debíamos trasladar algunos cadáveres al cementerio. íbamos los bomberos más experimentados porque el espectáculo era terrible.

Alfonsín reduce a 18 el número de generales en activo del Ejército argentino (28-12-1983)

Con la designación de los comandantes de Cuerpo de Ejército, el presidente Raúl Alfonsín ha terminado de diseñar la nueva cúpula de las fuerzas terrestres argentinas. Otros cuatro generales han pasado a retiro y otros dos, aún en actividad, han quedado sin mando específico a disposición personal del ministro de Defensa. El generalato en activo del Ejército ha quedado reducido a 18 hombres.

La limpieza ha sido drástica y las promociones del generalato del 80 y el 81 han pasado, a ocupar las más altas responsabilidades. Ninguno de los nuevos nombramientos castrenses se encuentra seriamente implicado en denuncias por desapariciones o torturas aunque, obviamente, desempeñaron papeles políticos o administrativos durante la dictadura.Pero todos corresponden a la imagen del general Jorge Arguindegui, jefe del Estado Mayor del Ejército, quien desde 1976 no pasó de ocuparse de un cargo burocrático en la Comisión de Asesoramiento Legislativo (que suplió al Congreso) y de mandar la decorativa guardia presidencial de granaderos acaballo de San Martín.

Por otra parte, se ha subvertido el principio sagrado de antigüedad, designándose como jefes de Estado Mayor de cada Cuerpo de Ejército a mandos más antiguos en su empleo que los comandantes de estas grandes unidades. Se ignora el propósito final de esta decisión, aunque podría apuntar a ftituras modificaciones en profundidad de la estructura de las Fuerzas Armadas, tendentes a equilibrar la fuerza del mando directo de unidades operativas con un mayor peso de sus estados mayores.

De los cinco Cuerpos de Ejército existentes hasta ahora, no se ha cabierto el mando del Cuarto, que desaparecerá. Sus unidades quedarán absorbidas por los actuales caerpos Tercero y Quinto. El más brillante militar designado para comandar un Cuerpo, el general Aguado Benítez, que además es el de mayor antigüedad de los nombrados, no ha recibido -según la tradición- el mando del Primer Cuerpo acantonado en Buenos Aires: ha sido puesto al frente del Quinto Cuerpo de Ejército, que cubre el sur patagónico. No se trata de un destierro; se le ha atribuído el mando de las fuerzas que defenderán las fronteras del país, teóricamente amenazadas, a cuenta de las diferencias con Chile, por el canal del Beagle, y con Gran Bretaña, por las islas Malvinas.

Este nombramiento es otro recuerdo al Ejército de que la cúspide de la carrera no consiste en pavonearse en Campo de Mayo mandando la guarnición de la capital, sino que consiste en alcanzar el mando militar de las provincias fronterizas que haya que defender de una hipotética agresión exterior.

Nuevas exhumaciones

Por otra parte, la mayor parte de diez de los cráneos de otros tantos cadáveres exhumados ayer, por orden judicial, en el cementerio de Rafael Calzada, en la periferia bonaerense, presentaban impactos de bala. Otro más parecía haber recibido un impacto de gran calibre a muy corta distancia, informa desde Buenos Aires la agencia Efe.La exhumación fue ordenada por el juez Julio Piaggio, tras haber recibido numerosas denuncias civiles sobre la ejecución, a manos de personas uniformadas, de enterramientos clandestinos, de cadáveres desprovistos de identificación en fosas comunes del mencionado cementerio, en fechas comprendidas entre 1976 y 1977, los años más duros, de la represión militar y policial.

Prohibida la salida del país a 20 jefes militares argentinos, entre ellos Bignone y Camps (27-12-1983)

Un juez federal ha librado oficio a la Dirección de Migraciones por el que se prohíbe la salida del país de una veintena de altos jefes militares y policiales, presuntamente implicados en la desaparición en 1978 de un técnico del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, e insta a las autoridades fronterizas a detenerlos si intentan abandonar territorio argentino.

La prohibición incluye al ex presidente Reynaldo Bignone y a otros cinco generales retirados, entre ellos Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires y autor confeso de la desaparición de 5.000 ciudadanos, y de Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército. El oficio del juez abarca igualmente a cuatro coroneles, dos mayores y un capitán y, respecto a la policía, a un comisario mayor, un subcomisario, un inspector y un sargento primero.Antes de la llegada de la orden judicial a la frontera, el general Camps regresó a Uruguay. El carnicero de Buenos Aires abandonó el país hace semanas y circularon versiones de haber sido reconocido en el aeropuerto montevideano de Carrasco partiendo rumbo a Europa; desde Punta del Este regresó a Buenos Aires para dar una entrevista a la televisión en la que intentó justificar su acción como un hecho de guerra legítimo.

Camps, que admitió a dos periodistas españoles su genocidio, ha publicado dos libros bastante abominables intentando descalificar a Jacobo Timmerman -editor y director de La Opinión, a quien torturó personalmente- y permite ser fotografiado por la prensa argentina ante su mesa de despacho rebosante de pistolas, revólveres y Marietta. Quienes le conocen estiman que está desequilibrado.

Los procesamientos de altos jefes militares, las prohibiciones que recaen sobre ellos, nada tienen que ver con el decreto gubernamental que procesó a tres juntas militares y a destacados jefes de las fuerzas armadas -Camps entre ellos- ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

A lo que se asiste ahora en Argentina es a la explosión de causas pormenorizadas en las que por acción directa o responsabilidad superior se estára viendo involucrados numerosos militares de todos los rangos. El caso es que si las 30.000 desapariciones (o las 6.000 que admite la última Junta Militar) se dilucidan judicialmente caso a caso, jamás se impartirá justicia individual -las pruebas han sido destruidas o enredadas- ni, por supuesto, justicia histórica. Sólo parece viable el propósito radical de someter a juicio a las cúpulas castrenses y a los numerosos militares que acreditaron su arrojo en el campo del sadismo.

'Años de noche y niebla'

No obstante, el drama individual de las familias afectadas parece no haber hecho más que comenzar. Alguna revista de gran circulación comienza a publicar relatos sobre estos siete años de noche y niebla,detallando las torturas, las humillaciones y hasta la ubicación de loschupadedos (los campos de exterminio que chupaban a los ciudadanos). Hoy mismo, en un cementerio al norte del Gran Buenos Aires, la justicia exhumará 25 cadáveres NN (ningún nombre) de hombres, mujeres y niños, para su identificación.Sólo resta el consuelo de que algunas cosas se van arreglando: otros seis generales pasarán inmediatamente a retiro por orden del Gobierno, con lo que el generalato argentino quedaría reducido a 18 miembros en actividad.

Eliminado el último obstáculo para juzgar a los responsables de la represión en Argentina (24-12-1983)

La ley de Pacificación Nacional dictada por la última Junta Militar argentina, y que suponía una auténtica ley de autoamnistía para los militares que asesinaron, torturaron y secuestraron durante la dictadura, fue el jueves derogada por el Senado tras haberlo sido previamente por la Cámara de Diputados. A partir de este momento no existe impedimento jurídico alguno para la exigencia de una justicia pormenorizada a los responsables de una represión política que propició la desaparición de miles de ciudadanos.

La Cámara de Diputados, por su parte, debatió la decisión del Gobierno de crear una comisión indagatoria sobre los desaparecidos aportando a la misma seis legisladores. La iniciativa fue respaldada, y será el presidente de la Cámara quien designe los diputados de dicha comisión.

Las madres en el palco

El debate, seguido desde un palco por las Madres de la Plaza de Mayo, con sus pañuelos en la cabeza, fue arduo por cuanto la oposición peronista y diputados independientes plantearon fuertemente la necesidad de que la investigación no se sustrajera a la Cámara. Las bancadas radicales convencieron finalmente al Congreso de que la comisión investigadora sólo era una más de las medidas adoptadas para resolver el drama de los desaparecidos y evitar la intervención militar en la vida política del país La Cámara suspendió sus trabajos hasta el 4 de enero con motivo de las fiestas navideñas.Por otra parte, fuentes oficiales han declarado que de las primeras indagaciones realizadas por el Gobierno democrático se desprende que no existen cárceles clandestinas o campos de concentración en los que pudieran encontrarse alguno de los 30.000 desaparecidos. Es una de las aristas de la realidad a las que deberán acostumbrarse muchas familias: la desesperanza de que los desaparecidos fueron asesinados.

Oficiosamente, el Gobierno, con su declaración, pretende rebajar las vanas expectativas que aún muchos tienen a este respecto. Carece de sentido estimar que la anterior Junta Militar, sabiendo con más de un año de antelación que entregaría el poder a los civiles, hubiera dejado tras de sí cárceles clandestinas con cientos o miles de desaparecidos.

Por supuesto que durante los siete años de atroz represión se produjeron muchos casos de síndrome de Estocolmo, de colaboracionismo entre tortorado y torturador: personas que no han aparecido están vivas con otra identidad facilitada por las fuerzas armadas; otros sencillamente enloquecieron y habrá que buscarlos en los manicomios, pero poco más se va a encontrar.

Orden de detención del general Bignone

Finalmente, el juez de instrucción que ha procesado al ex presidente general Bignone por sus presuntas responsabilidades en la desaparición de dos jóvenes comunistas en 1976 ha solicitado de Raúl Alfonsín, en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas, ordenó ayer la detención del reo. Ya el abogado de Bignone, un ex ministro de Justicia de los Gobiernos militares, ha solicitado que se inhiba a su cliente de prisión preventiva, y sobre ello ha de decidir en los próximos días la Cámara del Crimen. Pero gestos de esta índole hay que inscribirlos nada más que en la carrera de muchos jueces argentinos para hacer a toda costa méritos democráticos ante la inminente renovación de la judicatura. El abogado de los dos militantes comunistas ha afirmado que el predecesor de Alfonsín no se presentó a los tribunales para responder, entre otras, de las acusaciones de "esconder pruebas" y "falsos testimonio".

Los jueces argentinos llaman a declarar al general Bignone y a los ex triunviros Nicolaides y Franco (22-12-1983)

El Palacio de los Tribunales es ahora la cita matinal de muchos altos jefes y oficiales argentinos. El martes prestó declaración el último comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, y ayer lo hizo el almirante Rubén Franco, ex comandante en jefe de la Armada, miembros ambos de la última junta militar. Los dos se encuentran procesados por la desaparición de una militante comunista en 1977.

Por la desaparición en 1976 de dos miembros de la Federación Juvenil Comunista, un juez de instrucción ha dictado auto de procesamiento contra el 2eneral Reynaldo Bignone, último presidente militar argentino. Se le acusa de presuntos delitos de privación ¡legítima de la libertad, omisión de denuncia y falso testimonio. En breve, también deberá subir los peldaños del palacio de Justicia flanqueado por sus abogados.Los procesamientos irán en aumento ante el reciente celo profesional de muchos jueces argentinos designados por los poderes militares y que ahora desean ganar credibilidad democrática. Por otra parte, el alcance de estos procesamientos pormenorizados en estos momentos, cuando aún el Senado no ha derogado la ley de autoamnistía, es relativo. Quienes sean procesados antes de la derogación de la ley quedarán libres de toda culpa legal y, además, no podrán en el futuro ser procesados por el mismo presunto delito. Esta es la razón por la que los procesamientos contra las tres primeras juntas militares no han comenzado.

Los gobernadores de Córdoba y Buenos Aires, Obregón Cano y Óscar Bidegain, líderes del movimiento montonero, fueron detenidos el martes a las pocas horas de haber regresado al país. Bidegain tuvo tiempo de organizar una conferencia de prensa en la que anunció formalmente la disolución de los montoneros y la resucitación del Partido Auténtico, con el que desean participar pacífica y legalmente en la política argentina. Se espera la llegada al país de otros dirigentes montoneros y pertenecientes al Ejército Revolucionariodel Pueblo (ERP), pese a los deseos del Gobierno de que no regresen y a la persecución judicial que se hará de alguno de ellos como corresponsable de los dramas que asolaron a la nación.

La Confederación General del Trabajo argentina, peronista, moviliza a la clase obrera contra la reorganización sindical (21-12-1983)

En su estilo cuasi militar, todas las direcciones sindicales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), la central que lidera Saúl Ubaldini, decretó el lunes el estado de alerta y movilización de la clase obrera para resistir al proyecto de reorganización Sindical remitido por el Gobierno al Congreso.

El proyecto del Gobierno es uno de los que han entrado en las cámaras para ser debatido en sus sesiones extraordinarias y pretende la democratización de los sindicatos, hasta ahora fuertemente controlados por cúpulas de poder a las que se tiene acceso por cooptación. La intención del Gobierno reside en que se celebren elecciones en los gremios, con vigilancia de los jueces sobre los comicios y con representaciones proporcionales de al menos, la primera minoría, a fin de contrapesar la hegemonía peronista; estrecho control público de las finanzas sindicales, etcétera. Cabría señalar que la primera minoría tras el peronismo, dentro de los sindicatos, no sería radical, sino comunista o socialista.Será el primer enfrentamiento democrático entre radicales y peronistas. Los primeros han prometido electoralmente la reorganización de los sindicatos (que fueron intervenidos durante el proceso militar) "desde abajo", desde las bases, prescindiendo en buena parte de todos los actuales dirigentes, enquistados, además, en la dirección del justicialismo. Para los peronistas, una reorganización sindical de este tenor supondría "la aparición artificial de nuevas corrientes sindicales y la dispersión de las decisiones y de la fuerza de la CGT".

Sin embargo, aún pasarán muchos meses antes de que el peronismo pueda colocar al Gobierno en serias dificultades, golpeándolo con sus sindicatos. Ayer mismo, el Ministerio de Trabajo logró evitar un paro nacional de 48 horas propiciado por la Unión Obrera Metalúrgica, en petición de mayores salarios, mediante simple llamamientos a la cordura. El Gobierno no encuentra excesivas dificultades para convencer a cualquier adversario de que el objetivo primordial no es otro ahora que la reconstrucción del país. En cualquier caso, no aparece en el horizonte cercano ninguna posibilidad de establecer algún tipo de pacto social entre radicales y peronistas, o acuerdos políticos previos o globales sobre paquetes legislativos, política militar y económica, etcétera. Y éste será el principal problema de los meses futuros.

Por una parte, Raúl Alfonsín, que podría realizar estos acuerdos respaldado por su partido, carece de interlocutor en el peronismo; de otra parte, el peronismo aún no ha superado su estado de humillación electoral y le resultaría harto duro tener que renunciar no sólo al poder, sino también a muchas de sus reivindicaciones sociales.

Por lo demás, el ministro de Defensa, Raúl Borrás, ha expresado su desagrado al nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, general Arguindegui, por la presencia en su toma de posesión de los ex presidentes Videla y Viola, encausados ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Exigencias de protocolo

El protocolo establece que a un acto de estas características asistan todos los tenientes generales, y Videla y Viola lo son aún. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas todavía no se ha reunido para estudiar el decreto de procesamiento del Gobierno ni, por consiguiente, ha tomado medida alguna contra los encausados. No obstante, el ministro de Defensa ha ordenado el arresto disciplinario del organizador de la ceremonia, general de división Edgardo Calvi, y del coronel a cargo del ceremonial militar.Por su parte, la fuerza aérea ha dado detalladas explicaciones sobre el Boeing 707 que aparentemente habría abandonado subrepticiamente el país el pasado día 12. Se han facilitado las listas de tripulantes y pasajeros, la ruta del avión (Buenos Aires-Salvador de Bahía-islas Canarias-Ben Gurion, en Israel) y su misión: recoger material aeronáutico israelí previamente adquirido.