Un juez federal ha librado oficio a la Dirección de Migraciones por
el que se prohíbe la salida del país de una veintena de altos jefes militares y
policiales, presuntamente implicados en la desaparición en 1978 de un técnico
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, e insta a las autoridades
fronterizas a detenerlos si intentan abandonar territorio argentino.
La prohibición
incluye al ex presidente Reynaldo Bignone y a otros cinco generales retirados,
entre ellos Ramón Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires y autor confeso
de la desaparición de 5.000 ciudadanos, y de Suárez Mason, ex comandante del
Primer Cuerpo de Ejército. El oficio del juez abarca igualmente a cuatro
coroneles, dos mayores y un capitán y, respecto a la policía, a un comisario
mayor, un subcomisario, un inspector y un sargento primero.Antes de la llegada
de la orden judicial a la frontera, el general Camps regresó a Uruguay. El carnicero de Buenos Aires abandonó el país hace semanas y circularon
versiones de haber sido reconocido en el aeropuerto montevideano de Carrasco
partiendo rumbo a Europa; desde Punta del Este regresó a Buenos Aires para dar
una entrevista a la televisión en la que intentó justificar su acción como un
hecho de guerra legítimo.
Camps, que
admitió a dos periodistas españoles su genocidio, ha publicado dos libros
bastante abominables intentando descalificar a Jacobo Timmerman -editor y
director de La
Opinión, a quien
torturó personalmente- y permite ser fotografiado por la prensa argentina ante
su mesa de despacho rebosante de pistolas, revólveres y Marietta. Quienes le
conocen estiman que está desequilibrado.
Los
procesamientos de altos jefes militares, las prohibiciones que recaen sobre
ellos, nada tienen que ver con el decreto gubernamental que procesó a tres
juntas militares y a destacados jefes de las fuerzas armadas -Camps entre
ellos- ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
A lo que se
asiste ahora en Argentina es a la explosión de causas pormenorizadas en las que
por acción directa o responsabilidad superior se estára viendo involucrados
numerosos militares de todos los rangos. El caso es que si las 30.000
desapariciones (o las 6.000 que admite la última Junta Militar) se dilucidan
judicialmente caso a caso, jamás se impartirá justicia individual -las pruebas
han sido destruidas o enredadas- ni, por supuesto, justicia histórica. Sólo
parece viable el propósito radical de someter a juicio a las cúpulas castrenses
y a los numerosos militares que acreditaron su arrojo en el campo del sadismo.
'Años de noche y niebla'
No obstante, el
drama individual de las familias afectadas parece no haber hecho más que
comenzar. Alguna revista de gran circulación comienza a publicar relatos sobre
estos siete años de noche y
niebla,detallando las torturas, las humillaciones y hasta la
ubicación de loschupadedos (los
campos de exterminio que chupaban a los ciudadanos). Hoy mismo, en un cementerio
al norte del Gran Buenos Aires, la justicia exhumará 25 cadáveres NN (ningún
nombre) de hombres, mujeres y niños, para su identificación.Sólo resta el
consuelo de que algunas cosas se van arreglando: otros seis generales pasarán
inmediatamente a retiro por orden del Gobierno, con lo que el generalato
argentino quedaría reducido a 18 miembros en actividad.
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