En su estilo cuasi militar, todas las direcciones sindicales de la
Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), la
central que lidera Saúl Ubaldini, decretó el lunes el estado de alerta y
movilización de la clase obrera para resistir al proyecto de reorganización
Sindical remitido por el Gobierno al Congreso.
El proyecto del
Gobierno es uno de los que han entrado en las cámaras para ser debatido en sus
sesiones extraordinarias y pretende la democratización de los sindicatos, hasta
ahora fuertemente controlados por cúpulas de poder a las que se tiene acceso
por cooptación. La intención del Gobierno reside en que se celebren elecciones
en los gremios, con vigilancia de los jueces sobre los comicios y con
representaciones proporcionales de al menos, la primera minoría, a fin de
contrapesar la hegemonía peronista; estrecho control público de las finanzas
sindicales, etcétera. Cabría señalar que la primera minoría tras el peronismo,
dentro de los sindicatos, no sería radical, sino comunista o socialista.Será el
primer enfrentamiento democrático entre radicales y peronistas. Los primeros
han prometido electoralmente la reorganización de los sindicatos (que fueron
intervenidos durante el proceso militar) "desde abajo", desde las
bases, prescindiendo en buena parte de todos los actuales dirigentes,
enquistados, además, en la dirección del justicialismo. Para los peronistas,
una reorganización sindical de este tenor supondría "la aparición
artificial de nuevas corrientes sindicales y la dispersión de las decisiones y
de la fuerza de la CGT".
Sin embargo, aún
pasarán muchos meses antes de que el peronismo pueda colocar al Gobierno en
serias dificultades, golpeándolo con sus sindicatos. Ayer mismo, el Ministerio
de Trabajo logró evitar un paro nacional de 48 horas propiciado por la Unión
Obrera Metalúrgica, en petición de mayores salarios, mediante simple llamamientos
a la cordura. El Gobierno no encuentra excesivas dificultades para convencer a
cualquier adversario de que el objetivo primordial no es otro ahora que la
reconstrucción del país. En cualquier caso, no aparece en el horizonte cercano
ninguna posibilidad de establecer algún tipo de pacto social entre radicales y
peronistas, o acuerdos políticos previos o globales sobre paquetes
legislativos, política militar y económica, etcétera. Y éste será el principal
problema de los meses futuros.
Por una parte,
Raúl Alfonsín, que podría realizar estos acuerdos respaldado por su partido,
carece de interlocutor en el peronismo; de otra parte, el peronismo aún no ha
superado su estado de humillación electoral y le resultaría harto duro tener
que renunciar no sólo al poder, sino también a muchas de sus reivindicaciones
sociales.
Por lo demás, el
ministro de Defensa, Raúl Borrás, ha expresado su desagrado al nuevo jefe de
Estado Mayor del Ejército, general Arguindegui, por la presencia en su toma de
posesión de los ex presidentes Videla y Viola, encausados ante el Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas.
Exigencias
de protocolo
El protocolo
establece que a un acto de estas características asistan todos los tenientes
generales, y Videla y Viola lo son aún. El Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas todavía no se ha reunido para estudiar el decreto de procesamiento del
Gobierno ni, por consiguiente, ha tomado medida alguna contra los encausados.
No obstante, el ministro de Defensa ha ordenado el arresto disciplinario del
organizador de la ceremonia, general de división Edgardo Calvi, y del coronel a
cargo del ceremonial militar.Por su parte, la fuerza aérea ha dado detalladas
explicaciones sobre el Boeing 707 que aparentemente habría abandonado
subrepticiamente el país el pasado día 12. Se han facilitado las listas de
tripulantes y pasajeros, la ruta del avión (Buenos Aires-Salvador de
Bahía-islas Canarias-Ben Gurion, en Israel) y su misión: recoger material
aeronáutico israelí previamente adquirido.
No hay comentarios:
Publicar un comentario