La ley de Pacificación Nacional dictada por la última Junta Militar
argentina, y que suponía una auténtica ley de autoamnistía para los militares
que asesinaron, torturaron y secuestraron durante la dictadura, fue el jueves
derogada por el Senado tras haberlo sido previamente por la Cámara de
Diputados. A partir de este momento no existe impedimento jurídico alguno para
la exigencia de una justicia pormenorizada a los responsables de una represión
política que propició la desaparición de miles de ciudadanos.
La Cámara de
Diputados, por su parte, debatió la decisión del Gobierno de crear una comisión
indagatoria sobre los desaparecidos aportando a la misma seis legisladores. La
iniciativa fue respaldada, y será el presidente de la Cámara quien designe los
diputados de dicha comisión.
Las madres en el palco
El debate,
seguido desde un palco por las Madres de la Plaza de Mayo, con sus pañuelos en
la cabeza, fue arduo por cuanto la oposición peronista y diputados
independientes plantearon fuertemente la necesidad de que la investigación no
se sustrajera a la Cámara. Las bancadas radicales convencieron finalmente al
Congreso de que la comisión investigadora sólo era una más de las medidas
adoptadas para resolver el drama de los desaparecidos y evitar la intervención
militar en la vida política del país La Cámara suspendió sus trabajos hasta el
4 de enero con motivo de las fiestas navideñas.Por otra parte, fuentes
oficiales han declarado que de las primeras indagaciones realizadas por el
Gobierno democrático se desprende que no existen cárceles clandestinas o campos
de concentración en los que pudieran encontrarse alguno de los 30.000
desaparecidos. Es una de las aristas de la realidad a las que deberán
acostumbrarse muchas familias: la desesperanza de que los desaparecidos fueron
asesinados.
Oficiosamente, el
Gobierno, con su declaración, pretende rebajar las vanas expectativas que aún
muchos tienen a este respecto. Carece de sentido estimar que la anterior Junta
Militar, sabiendo con más de un año de antelación que entregaría el poder a los
civiles, hubiera dejado tras de sí cárceles clandestinas con cientos o miles de
desaparecidos.
Por supuesto que
durante los siete años de atroz represión se produjeron muchos casos de síndrome de Estocolmo, de colaboracionismo entre tortorado y
torturador: personas que no han aparecido están vivas con otra identidad
facilitada por las fuerzas armadas; otros sencillamente enloquecieron y habrá
que buscarlos en los manicomios, pero poco más se va a encontrar.
Orden de detención del general
Bignone
Finalmente, el
juez de instrucción que ha procesado al ex presidente general Bignone por sus
presuntas responsabilidades en la desaparición de dos jóvenes comunistas en
1976 ha solicitado de Raúl Alfonsín, en su calidad de comandante en jefe de las
fuerzas armadas, ordenó ayer la detención del reo. Ya el abogado de Bignone, un
ex ministro de Justicia de los Gobiernos militares, ha solicitado que se inhiba
a su cliente de prisión preventiva, y sobre ello ha de decidir en los próximos
días la Cámara del Crimen. Pero gestos de esta índole hay que inscribirlos nada
más que en la carrera de muchos jueces argentinos para hacer a toda costa
méritos democráticos ante la inminente renovación de la judicatura. El abogado
de los dos militantes comunistas ha afirmado que el predecesor de Alfonsín no
se presentó a los tribunales para responder, entre otras, de las acusaciones de
"esconder pruebas" y "falsos testimonio".
No hay comentarios:
Publicar un comentario