El presidente argentino, Raúl Alfonsín, firmó en la madrugada del
martes (hora peninsular) su decreto 158, por el que se somete a juicio sumario
ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de las tres
primeras juntas militares que gobernaron el país tras el derrocamiento de María
Estela Martínez de Perón, en marzo de 1976. El decreto -firmado, tras el
presidente, por todos los miembros del Gobierno- establece que las futuras
sentencias del Consejo serán apelables ante la Cámara Federal.
Los sometidos a
juicio militar son los tres primeros ex presidentes del llamado "proceso de
reorganización nacional", tenientes generales Jorge Rafael Videla, Roberto
Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; los almirantes Emilio Eduardo Massera,
Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y los brigadieres generales del Aire
Orlando Agostí, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo.El general Galtieri, el
almirante Anaya y el general Lami Dozo ya se encuentran encausados ante la
Suprema Corte Marcial por haber propiciado y perdido la guerra de las Malvinas.
La comisión Ratembach, que investigó sus conductas, recomendó para los dos
primeros la pena capital, que en Argentina sólo se aplica en caso de guerra.
La nueva
dirección castrense queda compuesta, según se anunció anoche oficialmente, por
el general Julio Fernández Torres como jefe del Estado Mayor Conjunto, el
general Jorge Arguindegui como jefe del Estados Mayor del Ejército, el
contralmirante Ramón Arosa, como jefe de la Armada, y el brigadier Teodoro
Waldner como jefe de la Fuerza Aérea.
El almirante Emilio Massera, responsable áulico de todos los
horrores cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, permanece desde hace
meses detenido en el apostadero naval de El Tigre, en el nacimiento del río de
la Plata, acusado de ocultación de pruebas en, el caso abierto por la
desaparición del marido de su amante y la enajenación de sus bienes.
El decreto
presidencial que somete a la justicia militar (con apelación ante la justicia
ordinaria) a estos nueve máximos jefes de las fuerzas armadas argentinas
establece su procesamiento por "concebir e instrumentar un plan contra las
actividades terroristas basado en métodos y procedimientos manifiestamente
ilegales; como consecuencia de ello, entre 1976 y 1979, miles de personas
fueron privadas de su libertad, torturadas y muertas por la aplicación de
procedimientos inspirados en la totalitaria doctrina de seguridad
nacional".
Este
enjuiciamiento "se referirá a los delitos de homicidio, privación
ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos a los detenidos, sin
perjuicio de los demás que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores
o cómplices".
Todos los
implicados se encuentran en Argentina y permanecerán en libertad -menos el
almirante Massera, encausado en un proceso penal civil- hasta lo que resuelva
la corte marcial.
Del teniente
general Jorge Videla se conocían las recomendaciones de sus amigos para que
abandonara el país tras el triunfo radical, a lo que se negó firmemente,
refugiándose en su acendrada catolicidad. Otros altos mandos militares
gravemente implicados en la represión, o no han regresado de sus graciosas
misiones en el exterior, o ya han emprendido el camino del exilio. El general
Camps, ex jefe de la policía de Buenos Aires, que se jacta de haber hecho
eliminar a 5.000 personas, ha desaparecido de la capital, estimándose que
pudiera encontrarse en Uruguay.
No sería correcto
escribir que el procesamiento castrense de las tres primeraljuntas militares
haya sorprendido al pueblo argentino. Lo que ha movido a muchos a la sorpresa
es que el presidente Raúl Alfonsín haya empezado a cumplir -y por donde
más duele- sus promesas electorales, aireadas por todo el país. Muchos
porteños han perdido costosas cenas ante la firma del decreto 158.
La alegría y el
entusiasmo por la democracia recuperada no habían borrado los estragos de una
sociedad profunda y largamente engañada como ésta. Así, en el clima porteño, al
conocerse en la noche del martes los procesamientos, la sensación generalizada
era de estupefacción ante la firmeza del Gobierno.
El Gobierno
radical sabe que medidas tan necesarias para recuperar la moral social y tan
peligrosas sólo pueden tomarse ahora, con los votos frescos y la conspiración
militar abroncada masivamente y escondida debajo de la mesa. Cualquier
debilidad ahora sería la muerte de las libertades mañana.
Montoneros,
también
Al decreto 158 le
ha precedido el 157, por el que se promueve "...la persecución penal, con
relación a los hechos cometidos con posterioridad al 25 de mayo de 1973
(anterior amnistía dictada por el ex presidente peronista Héctor Cámpora),
contra Mario Eduardo Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Cirilo Perdia,
Rodolfo Galimberti y Héctor Pedro Pardo, todos ellos de la dirección de la
organización Montoneros, como también del ex gobernador justicialista de
Córdoba en 1973, Ricardo Armando Obregón Cano, y del terrorista Enrique
Gorriarán Merlo; del autotitulado Ejército Revolucionario del Pueblo, por los
delitos de homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer
delitos, apología del crimen y otros atentados contra el orden público".
El decreto,
también firmado por todo el Gobierno, junto al presidente, incita al procurador
general de la nación a organizar la investigación que corresponda y ejercer la
acción pública sobre los casos referidos a estas personas.
Firmenich y Vaca
Narvaja son los máximos líderes montóneros que quedan con vida, y han repartido
su exilio entre Cuba y Nicaragua. Hace una semana han publicado en algunos
periódicos comunicados publicitarios reconociendo su error histórico y
reclamando su derecho a reingresar en la vida política democrática. Gorriarán
Merlo es el dirigente del trotskista ERP. La propia
admisión pública de sus errores por parte de los máximos dirigentes del
voluntarismo montonero retrata fielmente lo que puede ser el sentimiento del
ciudadano medio argentino, que, por más que comprenda los motivos de aquel
terrorismo, no deja de pensar que terminó promoviendo fuerzas imposibles de
controlar, que destruyeron la nación y sembraron sin límites la muerte y el
dolor.
El reto es
tremendo, particularmente en lo tocante al procesamiento de las primeras juntas
militares. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que habrá de juzgarlos
está integrado por militares que sirvieron lealmente a quienes ahoran van a
tener sentados frente a sí en el banquillo.
Apelación ante
una corte civil
Uno fue ministro
de Justicia con Videla, otro mandó el V Cuerpo de Ejército durante los peores
años de la lucha antisubversiva, otro fue subsecretario en el Ministerio del
Interior... De ahí la necesidad de completar el decreto con la posibilidad de
apelación ante una corte federal civil.
Sea como fuere,
sigue vigente en Argentina la norma jurídica por la que un reo puede reclamar
ser juzgado bajo el imperio de la ley -aunque esté derogada- que le sea más
favorable.
El pasado
domingo, en una entrevista concedida a EL PAIS, el presidente argenti no
explicaba sus proyectos al respecto; unos proyectos que no satisfarán a ningún
extremo: "Hay que exigir sus responsabilidades a los, cabecillas de las
dos partes, de la subversión y de la represión, y por abajo, a todos los que
cometieron abusos y desmanes por su propia cuenta. Y manga ancha para tantos
que se vieron desbordados por los acontecimientos o carecieron de valor moral
para resistirlos".
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