El nuevo Gobierno peruano, que tomó posesi6n el pasado domingo,
adoptó el jueves un paquete de medidas de economía de guerra,aún más drásticas
que las recientemente acordadas en Argentina por Raúl Alfonsín. El Gobierno
aprista de Alan García ha suspendido por un período de seis meses todos sus
pagos internacionales, ha congelado por otros tres meses todas las operaciones
en moneda extranjera, ha devaluado el inti (la nueva moneda peruana) en un 12%
y ha congelado indefinidamente todos los precios de bienes y servicios, así
como los alquileres de las viviendas.
En la noche del
jueves, el primer ministro y titular de la cartera de Economía y Finanzas, Luis
Alba Castro, se dirigió al país por radio y televisión para anunciar las
medidas económicas de emergencia después de dos días de feriado bancario y
cambiario.Previamente se emitieron fragmentos del discurso de asunción
presidencial de Alan García en el que éste recordaba cómo la economía peruana
había retrocedido 20 años en su nivel de producción y cómo el país estaba
adquiriendo alimentos en el exterior ante la paralización de su agricultura.
Luis Alba dibujó
un panorama sombrío, admitiendo que la crisis económica y moral heredada de la
anterior Administración es aún mayor de la que la APRA evaluaba desde la oposición,
y acudió a gráficos ilustrativos para demostrar la caída de la producción por
habitante, la disminución del empleo, la reducción de la capacidad de compra
por habitante, el aumento de la inflación por encima ya del 200% anual y el
incremento impagable de la deuda externa.
Pese a ser muy
duro con el Fondo Monetario Internacional y las entidades extranjeras
acreedoras de Perú, reconoció que la política económica neoliberal seguida
hasta ahora era la principal responsable del decaimiento peruano. El doctor
Alba Castro propició una política antiinflacionaria heterodoxa basada en la
recuperación de la producción y el consumo y en la estabilización dirigista
desde el Estado de los costos productivos.
Para el exterior,
el primer ministro y ministro de Economía anunció el envío de télex a la
comunidad financiera internacional explicando una postergación por seis meses
de los vencimientos de la deuda pública externa directa e indirecta, de mediano
y largo plazo, e invitando a los acreedores de Perú a reunirse en Lima para
estudiar soluciones realistas al problema de la deuda externa. Luis Alba
destacó que la moratoria unilateral no significaba un abandono de su
"indeclinable propósito de honrar las obligaciones contraídas por el Perú
en el exterior, pero, obviamente", dijo, "partimos del principio de
que nuestro primer compromiso es con los peruanos, con la inmensa deuda social
acumulada con la mayoría empobrecida del Perú".
El inti -sol, en
quechua- quedó devaluado en un 12%, y por 90 días han quedado sujetos a caución
todos los depósitos y certificados bancarios en moneda extranjera.
El primer
ministro tranquilizó a los ahorradores en divisas enfatizando que el Gobierno
no piensa castigar a quienes han mantenido su dinero dentro del país, que los
depósitos- seguirán siendo mantenidos en moneda extranjera, pero que es
necesaria ahora su utilización temporal para pagar importaciones urgentes.
[EE UU decidió
ayer suspender temporalmente toda ayuda militar y económica a Perú hasta que
este país decida pagar la deuda exterior contraída con Washington. Funcionarios
del Departamento de Estado señalaron que la decisión fue notificada al Gobierno
peruano por medio de la embajada de Washington en Lima, informa Efe.]
Finalmente el
Gobierno aprista, leal al carácter heterodoxo que quiere dar a su lucha contra
la inflación, decretó un aumento de salarios: 50% sobre el sueldo mínimo
(alrededor de 12 intis en Lima), 22% a los maestros, 15% a los empleados
públicos y 165 intis lineales a los trabajadores no sindicados ni sujetos a
negociación colectiva.
El primer
ministro hizo énfasis en que no se otorgarían nuevas amnistías fiscales, que se
perseguiría la corrupción económica y administrativa pasada y futura -"no
habrá borrón y cuenta nueva", ha afirmado Alan García- y en que el
Gobierno afronta una cruzada nacional para la que requiere la movilización moral
de todos los ciudadanos.
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