Tras recibir la sanción de
la Cámara de Diputados, el Senado argentino ha ratificado la restitución de sus
derechos a los jefes y oficiales pasados arbitrariamente a retiro por la
dictadura militar. Sólo fueron 33, conocidos por los 33 orientales en alusión
al mismo número de militares argentinos que cruzaron el río de La Plata para
defender la entonces provincia oriental del Uruguay de la invasión anexionista
brasileña.
Los 33, todos del Ejército
de Tierra, pasaron a retiro obligatorio entre 1976 y 1982 por las Juntas de
Calificación de Oficiales como "ineptos para las funciones de su
grado", dado que "su permanencia en la Fuerza ( ... ) perjudica la
cohesión espiritual de los cuadros por no encontrarse adecuadamente
compenetrados con la filosofía y el sentir institucional del Ejército".Ninguno
de ellos, en efecto, pudo llegar a compenetrarse con la filosofía militar del proceso de reorganización
nacional, basada en la guerra sucia contra la subversión y la desaparición
de los ciudadanos.
Según el proyecto de ley
gubernamental ya aprobado por las dos Cámaras, los oficiales serán
reincorporados al Ejército con los grados que alcanzó su promoción a 1 de enero
del presente año, y les serán abonados los salarios que hubieran percibido
estando en servicio activo.
La aprobación del proyecto
se ha abierto paso en las dos Cámaras sin dificultad y en el entendimiento
generalizado de que era un acto de estricta justicia. El juicio contra las
cúpulas militares de la dictadura y la tensión castrense por los recortes
presupuestarios y su inevitable mala imagen pública parecían aconsejarla
postergación de este desagravio pana tiempos mejores. Ni el Gobierno ni el
Parlamento lo han considerado así.
La comparación con el caso
de los jefes y oficiales españoles de la Unión Militar Democrática detenidos,
juzgados y separados de las Fuerzas Armadas por haber defendido
intelectualmente la tesis de la necesidad de democratizar España, es
inevitable.
Un Gobierno socialista
español, con una democracia aceptada, no ha sabido encontrar oportunidad para
reparar aquella injusticia en tanto un Gobierno de centro-derecha, como el del
presidente Raúl Alfonsín, en medio de las tormentas de una democracia inestable
y asaeteada de gravísimos problemas, ha encontrado un hueco en sus quehaceres
para devolver el honor militar a aquellos pocos que no lo perdieron.
Ley de Defensa
En el mismo ámbito, y con la
misma filosofía gubernamental, el Congreso aprobó en la madrugada del miércoles
el proyecto de ley de Defensa que deroga la ley 16.970 dictada por el Gobierno
de Juan Carlos Onganía y que asumía la doctrina
de la seguridad nacional,inspirada por EE UU y basada en la supuesta
necesidad de que los Ejércitos latinoamericanos asumieran una línea de combate
contra el frente interior de la subversión marxista.El proyecto de ley, ya con
media sanción -falta todavía la aprobación del Senado-, establece un mayor
control de poder civil constitucional sobre las Fuerzas Armadas, crea una
Central Nacional de Inteligencia a la que se prohíbe explícitamente tener como
hipótesis de trabajo la actividad política interna y declara que "la defensa
nacional es la integración y acción coordinada de todas las fuerzas morales y
materiales de la nación para enfrentar las agresiones de origen externo".
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