El presidente del Banco Central de Argentina,
Julio González del Solar, fue detenido ayer al llegar al aeropuerto de Buenos
Aires, procedente de Nueva York, a requerimiento de un juez federal de la
provincia de Santa Cruz (en el sur patagónico), Pinto Kramer, quien puede haber
ordenado el traslado del alto funcionario a las oficinas de su juzgado, en Río
Gallegos, para su interrogatorio. A la hora de transmitir esta crónica, las fuentes
policiales y gubernamentales pretendían ignorar el paradero o destino del
detenido.
Hoy el país
se verá sometido a una huelga general de 24 horas en reclamo de modificaciones
en la política económica del Gobierno. Los más lúcidos estiman que la huelga adquiere
un significado parecido al que tendría proporcionar masaje integral a un
cadáver. Pero la dirección de las dos CGT, desbordada por los paros salvajes
sectoriales, ha preferido la huelga para recuperar así las riendas de los
gremios.A 26 días de unas elecciones generales que dan el paso de una dictadura
a una democracia y al margen de la teórica independencia de la actual justicia
argentina, la detención del presidente del Banco Central debe desdramatizarse,
dado el contexto. Desde hace un mes, por ejemplo, está preso el director
general de Aduanas, acusado de contrabando de gambas.
Así las
cosas, se comprenderá que la detención de González Solar no ha alterado para
nada la vida de un país acostumbrado a mayores sobresaltos. La detención del
funcionario para su interrogatorio obedece a las luchas intestinas entre las
tres armas en este final de la Junta Militar argentina.
Al juez
Kramer se le tiene por inspirado desde la Fuerza Aérea, y decidió hace una
semana la refinanciación de la deuda externa de Aerolíneas Argentinas por
presunta "traición a la patria". Esta refinanciación era la primera
que se discutía, y marcaría las pautas para refinanciar al resto de las
empresas estatales, que deben a bancos extranjeros 7.000 millones de dólares (más
de un billón de pesetas).
Para el
juez Kramer y para los aviadores resultaba inadmisible una refinanciación que
remitía a los juzgados de Nueva York cualquier posterior desacuerdo o
malentendido.
El
presidente Reynaldo Bignone, sus consejeros económicos, el Ejército de Tierra
y, con menos entusiasmo, la Marina (las tres armas no están de acuerdo por
cuánto refinancian por su cuenta sus propias deudas exteriores) aprecian que la
cláusula no es lesiva y que siempre se negoció bajo tales condiciones.
El empeño
de los jueces. designados por el Gobierno militar para aparecer tardíamente
como adalides de la imparcialidad para ser confirmados en sus cargos por el
futuro Congreso democrático y la pelea interarmas ha terminado en la detención
del presidente del Banco Central de Argentina. Es otro de los. síntomas de la
descomposición política que tiñe el proceso electoral argentino, pero en modo
alguno es el más grave.
El Gobierno
militar no está procediendo a una entrega ordenada de poderes, sino que se está
derrumbando con estrépito en medio de huelgas generales, autoamnistía que los
jueces se niegan a aplicar y detenciones de altos funcionarios que regresan de
firmar acuerdos en Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El caos, en gran parte propiciado interesadamente, se mastica en el ambiente, y
dos posibilidades semicatastróficas apuntan en el horizonte: el cese de pagos
(ya se ha prohibido la venta de dólares hasta para viajar al exterior) y el
autogolpe de Estado que derroque al presidente Bignone en favor de la Junta
Militar o del teniente general Nicolaides, jefe del Ejército de Tierra.
No
obstante, todas las fuerzas de facto o representativas de la
República Argentina entienden que la postergación de las elecciones conduciría
a la guerra civil, con una inevitable división de las Fuerzas Armadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario